Esa es la premisa básica mínima de la cual debería partir todo gobierno al momento de pactar la operación de los negocios del gran capital, nacional e internacional, en nuestro territorio.
Pero, las adecuaciones normativas que por estos días producen agencias del gobierno y Congreso, cuyo objetivo es poner en el sitio debido los derechos de los ciudadanos frente a los intereses de productores, prestadores de servicios y comercializadores, evidencian que en nuestro caso para esa entrada en operación poco o nada importaron tales derechos.
Aquí unos cuantos dueños de negocios, de por sí rentables sin necesidad de esas arbitrariedades, no han reparado en el abuso sistemático de sus clientes, usuarios o consumidores, con tal de aumentar esas utilidades. Es lo que ha ocurrido con los bancos, con la salud, con la telefonía móvil, y con otra buena cantidad de servicios y bienes de consumo.
Como esa es una manía casi connatural de la práctica económica globalizada (‘imperfecciones del libre mercado’, como omisiva e indulgentemente la llamaría la revista Semana, si nos atenemos al Sube de la sección Sube y Baja de su edición 1528) ante la cual ni Ejecutivo ni Legislativo han actuado históricamente como debe ser, no deja de sorprender que estos dos órganos estatales, contrario a lo aquiescentes que han sido con el gran capital (al que han beneficiado con grandes exenciones tributarias, funestas para el fisco, y con marcos reglamentarios, regulatorios y de control débiles, funestos para la comunidad y el medio ambiente) hayan decidido encarar con más seriedad el respeto de derechos elementales de los ciudadanos.
Entonces, así en muchos casos no abarquen de una vez todo lo que tendrían que abarcar, digno es reconocer el valor que para la comunidad tienen las disposiciones que en distintas materias están siendo expedidas.
De éstas hacen parte las medidas mediante las cuales la Superintendencia Financiera proyecta poner en cintura las prácticas abusivas del sector. Créanlo, es cierto; no se trata de un sueño. Como tampoco fue un sueño, hace unos meses y mucho antes de estas medidas, la salida inesperada del Ministro de Hacienda de llamar la atención de los bancos por el supuesto abuso en el cobro por sus servicios, lo que obviamente, según se rumoró, ocasionó reclamos de la dirigencia financiera. A pesar de ello, casi inmediatamente, y como reacción que terminó dando la razón al Ministro, páginas publicitarias enteras de los principales periódicos y revistas del país daban cuenta del desmonte del cobro de varios de esos servicios en unos cuantos de esos bancos.
En la misma línea, aunque por iniciativa de un parlamentario y no del Congreso ni del gobierno (lo que demuestra que no es que todos por vocación estén asumiendo sus obligaciones frente a la comunidad que dicen representar, realidad que atempera nuestra sorpresa) se encuentra el recientemente aprobado Estatuto del Consumidor, mediante el cual se protege a la persona y se equilibra en muchos aspectos la relación de ésta con quien le vende un producto o servicio.
En materia de telefonía móvil, negocio que también se implantó sin contemplar derechos elementales de los usuarios, al paso dado con la ley de portabilidad numérica (iniciativa del mismo parlamentario del Estatuto del Consumidor, no del gobierno), debe sumarse (¿por qué no se incluía de una vez?) el pago por consumos reales, lo cual implica el desmonte de prácticas que rigen como: el cobro del minuto completo así el consumo sea de fracciones de éste; la pérdida de minutos pagos por no ser consumidos en el período mensual de facturación; así mismo, el cobro de minutos extra si el usuario se pasa del número mensual de minutos a que tiene derecho, así en períodos anteriores le hayan sobrado minutos.
Una muestra más del no unísono al que se mueven estas medidas está en la reforma al marco reglamentario de la actividad minera, locomotora que, primero que todo, no debió arrancar sin ese marco (¡!). Aunque fue presentada por el gobierno a los gremios y empresarios de la minería, en lugar de haber sido diseñada con la participación de todos los actores de esta actividad, lo que ojalá no resulte en lo de siempre (adecuaciones favorables a los intereses de esos empresarios y en detrimento del interés general), se debe vigilar que se preserven disposiciones en ella contenidas como: las exigencias estrictas para el otorgamiento de títulos, las cuales contemplan además del derecho sobre las zonas que piden, capacidad técnica y financiera para desarrollar la actividad; la articulación de políticas entre los entes estatales que rigen el sector; la centralización de la adjudicación de títulos, y el desarrollo institucional y su fortalecimiento. Pero, además, debería incluir una modificación a la tasa de regalías, de modo que se ajuste a la variación de precios internacionales del mineral, recomendación ya redundante mas no acatada (¿?), en reemplazo de la fija y baja que está establecida. En todo caso, a los inversionistas del sector minero les debe quedar claro, sin más ruidos, que el negocio debe desarrollarse con la debida protección del medio ambiente y con una buena generación de ingresos fiscales.
Aún quedan pendientes por meter en cintura otros servicios y actividades que pasan por encima del respeto debido a los derechos de los usuarios. Entre estos se encuentran el de la salud (cuyas obligadas reformas obedecen al desastre del sector antes que a la necesidad de amparar realmente los derechos de los colombianos), la televisión (que repite esa constante de abusos y de ausencia de calidad), y la educación (cuya calidad equivocadamente va camino de ser puesta a merced del lucro de los privados).
Pero, bueno, en medio de esta tradición de prevalencia de intereses particulares, pasos, aunque entrecortados, empiezan a darse.
