Dificultades para ejercer los derechos políticos

25 de mayo del 2011

La Constitución Política de 1991 establece en su artículo 40 el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y entre otros derechos consagra el de elegir y ser elegido.

Ahora bien, hoy tenemos un panorama grave por la incidencia de la delincuencia organizada, el narcotráfico y el paramilitarismo en la vida política y electoral de la Nación y de los entes territoriales, a lo cual se han añadido más recientemente los carteles de los contratistas, y hasta las empresas de salud, quienes cobran luego con creces su apoyo financiero. Podemos decir entonces que el gran escollo de la democracia colombiana está en la financiación de los partidos y de las campañas políticas, por los lazos de los funcionarios así elegidos con sus financiadores, entre ellos, grupos ilegales y criminales, además del fraude, la compra de votos, el trasteo de electores.

No se ve una determinación clara para poner fin a esta situación, y el dinero sigue siendo el principal protagonista de las elecciones, por lo cual es concluyente que el sistema democrático de Colombia es una ficción.

De otra parte, el clientelismo reinante es la condición para la gobernabilidad entre el Ejecutivo y los órganos de representación popular; el debate sobre ideas y soluciones a los problemas públicos es casi inexistente, al ser reemplazado por el intercambio de favores: puestos y contratos a cambio de votos para los proyectos del Ejecutivo y ausencia de control político. Sistema que desde luego alienta la corrupción y la ineficiencia administrativa. Y en ese juego sucio, particularmente en los entes territoriales, entran los órganos de control, con pocas excepciones.

Otro tema preocupante es el del Consejo Nacional Electoral, en principio un ente autónomo e independiente, encargado de ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral, por lo cual sería lógico y saludable que este ente estuviera constituido por personas expertas en la materia, juristas de larga trayectoria, que ejercieran sus funciones con total imparcialidad e independencia de los partidos y de los intereses electorales.

Desafortunadamente la Reforma Política del 2003, en lugar de mejorar el texto inicial de la Constitución de 1991, que establecía la competencia del Consejo de Estado para elegir a sus miembros, de ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos, empeoró la situación al establecer que “El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el sistema de cifra repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos.”

Esta forma de elección de manera alguna garantiza la imparcialidad y autonomía del Consejo Nacional Electoral, por el contrario, corre el riesgo de crear compromisos con los congresistas electores, que luego se traduce en decisiones con sesgos partidistas en el ejercicio de las funciones del Consejo, y reflejarse en la distribución de cargos directivos de la Registraduría, tanto en Bogotá, como en las oficinas regionales. Obviamente, ello politiza el proceso electoral, y no permite establecer la debida confianza de los colombianos en esta institucionalidad. Lo anterior se puso de presente en el pobre desempeño del Consejo a propósito de la financiación del referendo reeleccionista.

En las condiciones políticas actuales, es claro que el Consejo Nacional Electoral refleja la composición del Congreso. Lo anterior, en detrimento de los derechos de la oposición, más aún cuando el Acto Legislativo No.1 de 2003 suprimió de un tajo del artículo 112 de la Constitución, su derecho a participar en los organismos electorales.

Financiación espuria de las elecciones, escasos controles y garantías, corrupción y clientelismo, es el panorama que se ofrece a los jóvenes: participar en política los condiciona a convertirse en cómplices de la corrupción para progresar, en lo que de hecho muchos incurren; de lo contrario es necesario cambiar las formas de hacer política, dentro de un entorno que les permita aportar al país con conocimiento, creatividad y decencia. El reto es cómo lograrlo. Los jóvenes tienen la palabra.

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