Llamó la atención la semana pasada ver al presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y arzobispo de Bogotá, monseñor Rubén Salazar, pelarle los dientes, literalmente, al ex presidente Álvaro Uribe. Resulta que alguien propuso a través de las redes sociales organizar una marcha el 4 de mayo, al frente de la Fiscalía en Bogotá, para protestar contra la injusta detención de cuatro jóvenes exfuncionarios del Ministerio de Agricultura por el llamado escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS). Uribe, de inmediato, recogió en su cuenta de twitter el comentario sobre la mencionada marcha, y ahí fue Troya. Todos sus enemigos se le vinieron encima y lo acusaron una vez más de querer meterse en las decisiones de la justicia.

Que los “antifuribistas” hubieran arremetido contra Uribe a nadie extrañó toda vez que esa es su condición natural desde el 7 de agosto de 2002. En cambio sí causó estupor -al menos en mi caso- ver a monseñor Salazar, en plena Semana Santa, atacar con todo al exjefe de Estado y conceder entrevistas por todos lados. Me dicen que no podía ver un micrófono, porque le mandaba la mano. Dijo, prácticamente, que las decisiones de la justicia eran inmaculadas y que nadie podía referirse a ellas. Sugirió, igualmente, un argumento bien chocante: que si los cuatro exempleados del Ministerio de Agricultura estaban en prisión “por algo sería”.

Con el respeto que me merece una persona de las calidades y cualidades de monseñor Salazar, quisiera hacer algunas reflexiones sobre el polémico asunto, sin la menor intención, eso sí, de ofender o irrespetar.

Sea lo primero decir que al parecer al religioso se le pasó por alto que Jesucristo gastó toda su vida luchando contra las injusticias de los hombres. En el caso AIS, monseñor Salazar, hay consenso nacional de que con los cuatro muchachos hoy detenidos se está cometiendo una monstruosa injusticia. De eso dan fe medios de comunicación que editorialmente se han referido al tema (léase El Espectador y Semana), y columnistas que no se destacan precisamente por ser admiradores o defensores del expresidente Uribe o de sus subalternos.

Se dice incluso que los implicados por el tema AIS podrían recibir condenas de hasta 51 años de cárcel. ¿A Usted, monseñor Salazar, le parece justo eso? ¿No cree que es injusto que estos cuatro profesionales estén en la cárcel y posiblemente terminen pagando pena de prisión más tiempo que los Nule o que los perpetradores de las peores masacres de Colombia? ¿Le parece lógico que estén en La Picota y en el Buen Pastor, así la justicia haya reconocido que no se apropiaron de un solo peso del erario? ¿Le parece bien que en el grupo de detenidos por AIS haya una madre cabeza de familia a la que no se le concedió la detención domiciliaria porque seguramente representa un “peligro” para la sociedad? Conociendo el talante de monseñor Salazar, puede calcularse con grado de certeza plena cuáles serían sus respuestas a estos breves interrogantes.

La justicia en la tierra, monseñor Salazar, la administran los hombres; personas como Usted y como yo que a diario nos equivocamos; personas a las que veces la pasión nos invade y nos vuelve subjetivos. Si esa justicia de la que estamos hablando la administraran marcianos, estaríamos probablemente más tranquilos. Entonces, ¿por qué ser tan bellacos con los cuatro exfuncionarios del Ministerio de Agricultura? ¿Acaso la decisión que contra ellos tomó un juez de la República no puede ser revisada? ¿No puede ser objeto de opinión? Le recuerdo que el fiscal general anterior, Guillermo Mendoza, dijo una vez públicamente que a veces se sentía presionado porque si no tomaba las decisiones en tal o cual sentido los medios de comunicación lo linchaban.

Hace algún tiempo, monseñor Salazar, fui a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, a visitar a un amigo, cosa que, a propósito, también exigen las Sagradas Escrituras. Allí me encontré con la historia de un reconocido sacerdote católico que fue condenado por ciertos actos impropios. Varias personas que conocen y conocieron de cerca el drama de este cura me dijeron que podían meter las manos en el fuego por su honorabilidad y señorío y que no dudaban de su inocencia. ¿Pudo haber habido alguna equivocación en el caso de este octogenario religioso? ¿O tocará decir tajantemente que si lo condenaron “por algo sería”?