El caso 'Timochenko'

Ahora que se discute tanto acerca de los viajes del jefe de las Farc a Cuba, no sobra recordar muchos pasos que se han dado en nuestro país a lo largo de los años para alcanzar la paz. Es necesario hacerlo, porque, en ocasiones, parece que se quisiera mostrar que lo que ahora se intenta es el producto de una genialidad sin antecedentes. No es así. Larga es la lista de los gobiernos que se esforzaron para crear condiciones que facilitaran lograr la reconciliación. En varios casos se tuvo éxito. Con las Farc y el ELN no ha sido posible, debido a que esos grupos han carecido de la decisión y voluntad para llegar a acuerdos con los gobiernos que lo han intentado. En esta materia no puede haber dudas. Los colombianos que defienden la democracia y respetan la institucionalidad nunca han dejado de respaldar, con generosidad, los empeños en procura de la convivencia. En los anaqueles de nuestra historia se encuentran todas las leyes y decretos, en fin, las medidas que se han adoptado para facilitar los procesos de diálogo. Gracias a ellas, nuestro país cuenta con varias tradiciones jurídicas. Una de las más admirables, quizás, es la de haber creado múltiples marcos legales, que han evolucionado, para “facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización.” Otra, es aquella que prescribe que la “dirección de todo proceso de paz corresponde exclusivamente al Presidente de la República”. La primera pone de presente que la nación ha estado dispuesta a ser audaz dentro del marco de la ley. Con respecto a la segunda, se han preservado, en todo momento, las facultades del Jefe del Estado como responsable de la preservación del orden público. Acerca de que el Presidente Santos es, conforme a nuestro orden jurídico, el director de las conversaciones en La Habana, no hay discusión alguna. Como tampoco la hay con respecto a las obligaciones legales que tiene para conducir los diálogos. La pregunta no es, entonces, si el Presidente podía dar el paso político de facilitar la movilización de Timochenko a Cuba. Claro que podía hacerlo. El asunto consiste en saber si se cumplieron las exigencias que están consagradas en la ley para obrar como lo hizo. ¿Las autoridades suspendieron las órdenes de captura que se hayan dictado contra el viajero? ¿El Gobierno nacional certificó su participación como miembro representante de las Farc? ¿Se suspendió la ejecución de las órdenes de captura que existan contra 'Timochenko', en el territorio internacional que se haya acordado entre el Gobierno y las farc para su ubicación? Eso es todo. Lo que se quiere es que haya claridad. Y no son leguleyadas. Es muy grande el esfuerzo que se ha hecho durante muchos años para actuar, como se dijo antes, con audacia dentro del marco de la ley. Gracias a dichos esfuerzos tenemos un patrimonio que no podemos echar por la borda. De esto es que se trata el caso 'Timochenko'.