Algunos filósofos de los siglos XVII y XVIII procuraron encontrar y demostrar el sentido de la relación entre ciudadano y Estado, entre ellos Hobbes, en el libro Leviatán (1651), donde describe al hombre en permanente lucha contra sus congéneres —como si fuesen lobos contra lobos—, la cual solo se resuelve cuando se ceden prerrogativas individuales como la libertad absoluta, a favor de un Estado que representa lo colectivo y es capaz de controlar las fuerzas anárquicas. Por su lado, Rousseau ofrece la tesis del “Contrato social” (1792) para explicar cómo entre ciudadano y Estado existe un contrato tácito que obliga a las partes, y que confiere a este poderes extraordinarios para ejercer la coerción en caso de necesidad.
No es fácil determinar cuándo existe mucho o poco Estado, lo importante es saber si este es legítimo y opera efectivamente dentro de las normas que lo rigen y de acuerdo con el contrato social. En algunos casos, el Estado opera silenciosamente y casi no es perceptible; en otros es ruidoso y populista; y en los menos, es francamente atropellador, como sucede en las dictaduras y Gobiernos autoritarios. El desarrollo político de las naciones se correlaciona positivamente con la calidad de su Estado.
En la vida diaria del individuo, la relación de este con los poderes públicos es inaparente; no se requiere a menudo, sino excepcionalmente. Sin embargo, a veces es necesario acudir ante un juez para dirimir un asunto legal, o se necesita la presencia y la acción de la fuerza pública ante la amenaza de un crimen, o es menester escuchar las voces de las autoridades para señalar rumbos. En esos pocos momentos y circunstancias, el ciudadano reclama la presencia de esa entidad superior que llamamos Estado. La existencia del Estado no puede confundirse con la profusión de entidades de la administración pública, ni con el número de leyes o las exigencias en los trámites, ni con los presupuestos; existen otras estructuras y funciones más trascendentes que terminan definiendo la calidad de Estado, y no la cantidad.
No podríamos afirmar que Colombia es un Estado fallido, como a veces se ha dicho; esto puede sonar a exageración. Lo que resulta dramáticamente cierto es que en vastos territorios de la patria no existe ni sombra del Estado, y por ello, delincuentes, subversivos y pícaros llenan los espacios cedidos y se autoconvierten en un Estado paralelo, ilegítimo, arbitrario y violento, pero actuante. La ausencia de la autoridad legítima, cuando se hace necesaria, crea una sensación de caos y desesperanza.
No es frecuente entre nosotros que la ciudadanía reciba orientación clara sobre el rumbo de la nación de parte de los diferentes Gobiernos; en cambio se ve y se oye mucha propaganda oficial, declaraciones verbales, eventos y celebraciones, entrevistas a los medios y discursos. Ello no quiere decir que los Gobiernos no trabajen: simplemente se desconectan de la gente y se van tornado en Estado casi vacío.
La mayor parte de los funcionarios no se prepara adecuadamente para los cargos públicos y llega a ellos por vía de la influencia clientelista, o por suerte; carecemos de verdaderos estadistas, o los hay pocos, y casi todos en la reserva o descontinuados; no existe un cuerpo técnico de servidores públicos, salvo en contadas entidades, casi siempre de la administración central; algunos son buenos empleados y merecen respeto, pero suelen ser la minoría. En esas condiciones, es muy difícil construir una burocracia eficiente. Las políticas públicas suelen ser cortoplacistas, no se continúan de Gobierno a Gobierno, carecen de un plan ordenador y, por ello, el ejercicio ejecutivo se convierte en colcha de retazos.
Se ha perdido confianza en las ramas del poder. El Congreso y los partidos políticos aparecen abajo en las encuestas sobre favorabilidad (en menos del 10 %); los escándalos de algunos de sus integrantes van dejando una estela de desengaño entre electores y abstencionistas. Las altas cortes ocupan a menudo espacios noticiosos donde se informa sobre escándalos de corrupción, que dejan la sensación de que en Colombia la justicia es comprada, por los que pueden hacerlo, es decir quienes tienen el dinero. No hay peor desgracia, en ese caso, que tener que acudir o comparece ante un juez o un tribunal. También, es justo decirlo, quedan jueces probos. La fuerza pública se ve implicada en frecuentes escándalos y no se ve efectividad en la lucha contra el crimen y la inseguridad. Sin embargo, debemos reconocer, la mayoría de soldados y policías son gente buena que trata de hacer la tarea.
Y como si lo anterior fuese poco, cada vez es más evidente que legisladores, jueces y Gobiernos andan en juegos de correspondencias y favores clientelistas, donde cada rama quiere convertirse en la más poderosa, y para ello, todo vale. Es llamativo el afán de los altos funcionarios por aparecer en titulares de prensa, figurar en noticieros, participar en eventos sociales o, como se dice popularmente, “pantallear”. No hay en ellos la esencia de la función pública que la sociedad les ha confiado. Por ello, el ciudadano se siente solitario, en una especie de selva institucional, y se ve obligado a escampar bajo el alero de la familia, o en los círculos de amigos, o simplemente viendo televisión y divirtiéndose. Hacía rato no se sentía este estado de escepticismo y distanciamiento frente a los poderes públicos; así nunca vamos a construir ciudadanía responsable ni participante, solo masas desorientadas.
¿Cómo recuperar la esencia de lo que realmente significa el ESTADO (así con mayúsculas)? La función del Estado se asimila a la alta política, a los mejores propósitos, al servicio de los pueblos, al trabajo patriótico de los funcionarios mejor preparados. Lo que estamos viviendo es la más pequeña, vulgar y picaresca política, extendida por todas partes como una forma “legitimada” de ejercer el poder, por dentro o por fuera de las normas legales y éticas.
Como siempre, en situaciones críticas, se proponen cambios en la Constitución o en las leyes, lo cual termina siendo una cortina de humo. Varios columnistas reconocidos y dirigentes políticos reclaman un nuevo ajuste constitucional, tal vez considerando que la Carta de 1991 desorganizó la armadura institucional causando el caos actual. Llamar a una constituyente significa dar un paso al vacío, sin saber a quiénes se va a encomendar la tarea y qué materias van a ser consideradas.
De continuar así, terminaremos cayendo al abismo que ofrecen ideologías populistas y extremistas, donde se suplanta la estructura del Estado para erigir un modelo autoritario, que utiliza los mecanismos de la democracia sin ser demócrata, que ofrece orden a costa de represión, que propone igualdad pero empobrece a todos, es decir, donde iremos de mal en peor. Todavía tenemos algún tiempo para revisar el camino reciente y retomar rumbos perdidos, donde el ciudadano no se sienta solitario y desamparado, porque existe un Estado legítimo, recto, confiable y cumplidor de sus grandes responsabilidades, no un estado fantasmal.
