Mucho se ha especulado de las relaciones perversas del “cartel de la contratación” y el Concejo de Bogotá, y a escasas semanas de las elecciones distritales es importante saber cómo absolver este interrogante para tener algunos elementos de juicio que permitan ejercer de mejor manera el vilipendiado derecho al voto o abstenerse de hacerlo.
A partir del material probatorio, vale decir declaraciones rendidas ante la justicia por los Nule, el excontralor distrital Moralesrussi, Germán Olano, el subcontratista Alejandro Botero y diversas entrevistas personales sobre el tema, parece claro que hubo una coparticipación de carácter político de todas las bancadas, con diferente énfasis, excepción hecha de Cambio Radical, y por tanto una corresponsabilidad partidista en este ámbito. En cualquier caso, las reuniones confesas con los Nule del candidato a la alcaldía Carlos Fernando Galán, por lo pronto y por sí mismas, no evidencian irregularidad alguna.
Desde el punto de vista jurídico el tema se torna mucho más complejo. En efecto, pese a que en diversos medios se efectúan diversas imputaciones con nombre y apellido contra un puñado reducido de concejales, allí se mencionan más elementos de censura política que judicial, que hasta ahora no revisten el grado de formalidad como para efectuar imputaciones concretas, tal y como lo manifestábamos la semana pasada en el programa el Gran Debate que dirige el periodista Adolfo Beck.
Por la razón que fuera, -entre ellas incluyo desde las más perversa como es el eventual acuerdo para enterrar el cartel de la contratación-, y hasta donde hemos podido investigar, el nombre de ningún concejal a la fecha tiene un señalamiento directo en el cartel de la contratación, pero al mismo tiempo se presume que sin la complicidad o silencio del Concejo este fenómeno de macrocorrupción jamás hubiera sido posible. Las voces disonantes con estas prácticas, en cualquier caso, fueron minoritarias.
Sin embargo, las acusaciones contra los concejales son hasta ahora vagas y apuntan a bancadas, o a algunos posibles acuerdos referentes más a la representación de cuotas políticas en la administración de Samuel Moreno, -por cuenta del apoyo político a él-, que al direccionamiento abierto de la contratación y selección de funcionarios claves para la operación.
Por su parte, los capos de la contratación distrital –Nule, Tapia, Dávila, Gómez-, andan en un forcejeo sin tregua, donde la Fiscalía no ha mostrado la misma severidad y acuciosidad investigativa que en el caso de Samuel Moreno, y apenas un par de funcionarios del IDU -Liliana Pardo e Inocencio Meléndez-, han contribuido significativamente en el esclarecimiento de lo sucedido a este respecto del Concejo de la ciudad.
En últimas, ningún órgano de control, ni la Fiscalía, han producido resultados concretos en esta materia al parecer por la ausencia de incriminaciones concretas que permitan identificar concejales por parte de los testigos de cargo y la ausencia de evidencias concluyentes.
El problema será si los contratistas “capos” del cartel de la contratación, se entregan, lo cual parece que solo ocurrirá después de las elecciones, y efectúan sindicaciones individuales contra concejales, y si lo hacen -que no parece ser- su impacto sería más jurídico que político, pues los(as) ciudadanos(as) para entonces habrán acudido a las urnas con los ojos vendados y jugando a la ruleta rusa de la democracia, donde el tiro de gracia será contra el futuro de la ciudad y su frágil construcción democrática.
