Si en mis manos estuviera la reforma a la ley 136, o Ley de Municipios que llaman, o la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, cambiaría sustancialmente las atribuciones y funciones de los Concejos Municipales o del Cabildo Distrital. Establecería el control político como la principal función de estos cuerpos de representación popular. Y le quitaría toda la iniciativa normativa, salvo el examen de los proyectos de origen en el gobierno distrital o municipal.
Porque para ser serios hay que reconocer que la iniciativa normativa de los concejales son francamente un saludo a la bandera. Para que un proyecto de autoría de un concejal o una bancada sea aprobado en el Concejo se necesita hasta certificado de defunción de la respectiva administración. Conclusión: la iniciativa normativa del Concejo sufre de un trauma de castración. Por eso es mejor concentrar las funciones de los cabildos en hacer bien el control político que es una forma de garantizar el principio democrático de pesos y contrapesos de los poderes públicos.
Claro que ello no es suficiente. Porque en nuestra tradición política, el chantaje y la extorsión no son patrimonio exclusivo de las organizaciones armadas ilegales. En los concejos hay quienes dejan como unos aprendices a los jefes guerrilleros o paramilitares. Pero con justicia debo decir también que hay quienes enaltecen esa virtud democrática. Y tengo la fortuna de afirmarlo con conocimiento de causa.
En mi calidad de Concejal de Bogotá puedo dar fe del extraordinario papel de control político adelantado por concejales como Martha Ordoñez y María Angélica Tovar. O Carlos Fernando Galán, hoy promisoria carta para la Alcaldía de Bogotá. O Carlos Vicente de Roux y Roberto Sáenz. O Celio Nieves y Jaime Caicedo, quienes a pesar de su permanencia en el Polo han hecho una digna actuación en el Cabildo.
Me tocó un período difícil. Llegué con la ilusión de un segundo gobierno del Polo que continuaría la transformación democrática de la ciudad heredada de las últimas administraciones y en especial del gobierno de Lucho Garzón. Pero me enfrenté a una realidad macondiana: en nombre de la izquierda se cometió el más grande asalto a las finanzas de la ciudad. “La piñata Samuelista” podríamos bautizarla. Por ello, en minoría y de primeras, asumí la denuncia del “cartel de la contratación de Bogotá”. Y encaré en solitario el ejercicio de control político al destituido Contralor Miguel Angel Moralesrussi.
Luego puse al descubierto irregularidades de todo tipo. Más recientemente advertí sobre el incumplimiento de los contratos de mantenimiento de malla vial. El convenio de la Secretaría de Educación con el consorcio Alma Mater para la capacitación de maestros usando recursos pedagógicos arcaicos fue denunciado por mí oportunamente. El impacto de la minería en la ciudad o el intento de replicar el fracaso en la descontaminación del Río Bogotá en la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas, fueron mis más recientes denuncias.
Ahora nos corresponde reconstruir el futuro de la ciudad. Y al tiempo, seguir cuidando los recursos públicos. Esa es la lección.
