El debate sobre mezcla de estratos

El Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, volvió a alborotar el avispero. Pero es una discusión necesaria e inevitable. Y esa es la principal virtud que tiene su anuncio de esta semana. Su gerente de Metrovivienda dijo que destinaría siete lotes del Distrito ubicados en los exclusivos barrios de El Chicó, El Lago y Santa Barbara para proyectos de Vivienda de Interés Prioritario VIP. Se construirían 372 apartamentos, 356 parqueaderos y 2.250 metros cuadrados de áreas comerciales o de servicios. Y han dicho que alojarán allí familias víctimas de la violencia en un abierto desafío a las familias de estrato seis o a propietarios de exclusivos negocios asentados en dichas zonas. La sociedad colombiana y bogotana tiene que entender que una ciudad que se pretenda democrática debe romper la segregación socio-espacial. Sus decisiones públicas deben orientarse a consolidar y ampliar las clases medias, al tiempo que reducen las peligrosas y odiosas desigualdades sociales y territoriales. La promoción de la mezcla de estratos, por ejemplo, contribuye a reducir la discriminación y transforma estereotipos y prejuicios sociales propios de sociedades aristocráticas y rígidamente jerarquizadas. Es inaceptable que quienes critican este anuncio consideren una herejía que los pobres puedan vivir junto a los ricos. O que afirmen que con la llegada de los pobres a sus “tranquilos vecindarios” lleguen también la delincuencia o la drogadicción. Por el contrario, esta suerte de “apartheid social y espacial” es una amenaza para la convivencia y la seguridad ciudadana. Pero saldada la discusión sobre el contenido de estas decisiones hay que poner atención en el cómo. Porque equivocarse en la manera como la mezcla de estratos deba implementarse equivale a generar efectos contrarios. Una decisión atropellada y retadora sin que medie una racionalidad en la planeación de las acciones públicas, como parece estar ocurriendo en este caso, sacrifica la eficacia en el uso de los recursos públicos, fortalece estereotipos de exclusión y no garantiza la sostenibilidad de los procesos de inclusión de una población especialmente vulnerable. La ley 388 de 1997 establece, además de la obligación para los entes territoriales de expedir los Planes de Ordenamiento Territorial, los criterios para la formulación de los Planes Parciales. Ambos son poderosos instrumentos técnicos para promover la mezcla de estratos con inversiones en equipamentos públicos (colegios, jardines infantiles y bibliotecas) zonas verdes, vías de acceso, espacio público, acceso a transporte público para todos los ciudadanos independientemente de su estrato sociecónomico. Un ejemplo de ello es el proyecto de La Felicidad en el occidente de la Capital. El Alcalde debería escuchar estas advertencias. Ganaría él y la ciudad. Podría aprovechar el plan parcial del Centro para densificar y revitalizar esa zona de la ciudad y de la mano de constructores privados, reutilizar predios para proyectos inmobiliarios de interés social y prioritario. Podría usar la renta del suelo de los lotes que pretende intervenir, vendiéndolos a precio de mercado y con ello construir proyectos VIP en zonas de expansión urbana elevando a siete mil las familias beneficiarias que hoy no llegarían a 400. Podría acompañar esta buena idea de métodos gerenciales y evitarnos una nueva polarización. Y otro avispero.