¿El desmonte de Bogotá sin hambre?

“Superamos el viejo programa de comedores. Más beneficiarios, más focalizados, más nutrientes. 205.000 personas en seguridad alimentaria”. Con este mensaje en su cuenta de twiter, el alcalde Petro demuestra que el desmonte de los comedores comunitarios, eslabón central del programa “Bogotá Sin Hambre” de la administración Garzón, no es una obsesión de Teresa Muñoz, su Secretaria de Integración Social. Es una decisión estratégica del mandatario capitalino. La administración está incurriendo en un garrafal error. Con el desmonte de los comedores se quiso acabar con problemas de corrupción detectados en su operación. Se procedió a cerrar el año pasado 169 comedores financiados con recursos de las Fondos de Desarrollo Local afectando a 44.755 personas en especial condición de vulnerabilidad. Y hasta el propio alcalde dijo que el distrito estaba pagando más del 50% en “intermediación” por la operación de los comedores o que cada ración alimentaria en estos sitios costaba 8 mil pesos. No le falta razón al alcalde en señalar la presencia de hechos de corrupción en la ciudad. Pero lo están informando mal. Porque según la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico de la propia Secretaría de Integración Social, el valor de cada ración diaria en los comedores ha fluctuado entre los $3.617 y los $4.518. Y lo que han llamado distorcionadamente “intermediación” son costos de operación y administración que incluye el pago de personal calificado, la logística y el componente de inclusión social que en ningún caso supera el 39% de la estructura de costos de los comedores. Sobre esta desinformación se concibió el programa “MIVITAL”, como un supuesto sustituto de los programas alimentarios heredados por Petro. Programa que tiene muy poco de novedoso. Generaliza los bonos canjeables por alimentos y las canastas con mercados, modalidades que ya existían en el distrito complementarias a los comedores. Quizás el Alcalde y su Secretaria Muñoz no están enterados de las discusiones que en su momento se dieron en la administración Garzón cuando se concibió “Bogotá Sin Hambre”. Discusiones que concluyeron en el fortalecimiento de la modalidad de los comedores como eslabón central de la política de seguridad alimentaria, que rescataban el comedor como un espacio que permitía modificar la cultura alimentaria de los beneficiarios, garantizar dietas balanceadas, priorizar a los niños y a los más vulnerables y ofrecer alimentos preparados en condiciones adecuadas. Asuntos difícil de asegurar en contextos de pobreza como el que caracteriza a los beneficiarios de los comedores. Que sacó la alimentación del ámbito de lo privado y familiar y lo convirtió en un asunto de dominio público. Y que articulaba la alimentación a estrategias de inclusión social. A lo mejor la administración no ha encontrado la relación entre la mejora de los indicadores sociales de la ciudad en los últimos diez años con el positivo impacto de las políticas alimentarias. Lamentable que se desmonte un programa exitoso, sin que se pueda blindar la política alimentaria de irregularidades e improvisaciones en la contratación. Mientras el pasado 11 de julio del 2013 fue declarado desierto el proceso de selección del contratista que debería proveer los bonos alimentarios para quienes quedaron sin comedores, se le entregó en otro proceso contractual plagado de irregularidades 18 mil millones de pesos al consorcio Alimentación Social 2013 para el suministro de insumos alimentarios a los jardines infantiles de la ciudad. Consorcio que había sido descalificado por la propia Secretaría en una licitación anterior. Ojo Alcalde, como dijo en días pasados un editorial del diario El Tiempo: “con la comida no se juega”.