El enredo del cupo

Es una insensatez. O un acto de mezquindad. Lo que acaba de hacer el concejal de Bogotá por el Partido de la U Javier Palacios no puede tener otro calificativo. Presentó una recusación contra nueve concejales que aprobaron al gobierno Distrital un cupo de endeudamiento por tres billones de pesos. Lo malo es que logró su propósito. Hacerse visible, enredar el trámite del proyecto en su segundo debate y dilatar su aprobación definitiva. Y más decepcionante aún que la Presidenta del Concejo, María Clara Name, le haya facilitado las cosas a Palacios al mandar la recusación a la Procuraduría sin escuchar su negación verbal y sin siquiera esperar la respuesta escrita de los recusados.

Es insensato impedirle a la ciudad disponer de un necesario instrumento de financiación de obra pública. Y es mezquino privar a la Capital de importantes recursos para disminuir su rezago en infraestructura urbana. Y todo por una oposición ciega al Alcalde Petro, quien sería el encargado de utilizar la operación de endeudamiento y contratar las obras. Olvida Palacios que las obras para este cupo fueron el resultado de una concertación entre el Gobierno y el Concejo. Que no son propiamente de la cosecha del Alcalde y más bien representan una continuidad en la gestión de la ciudad de los últimos años. Por querer hacerle daño a Petro, Palacios y quienes lo secundan, atrasa la construcción de la Troncal de Transmilenio por la Avenida Boyacá, aplaza aún más cerca de 20 obras viales que desembotellarian todo del occidente de la ciudad en donde habitan personas de bajos ingresos y le niega al Distrito 400 mil millones de pesos para el reforzamiento de 40 colegios públicos. El argumento de la recusación es falaz y traído de los cabellos. Por ello la Presidenta del Concejo  no debió siquiera considerar el recurso. Alega Palacios que el Secretario de Gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo “aceptó” una actuación indebida cuando en una entrevista al diario EL Tiempo el 11 de junio, dijo refiriéndose a la aprobación del cupo en la Comisión de Hacienda del Concejo,  que “ya había obras con predios comprados y también había intereses de algunos concejales para que se construyeran en zonas donde hay poder adquisitivo”. Como si tener un interés fuese indebido per se. O como si no se haya dado cuenta que las decisiones públicas resultan precisamente de una lucha y concertación de intereses diversos que hacen presencia en la sociedad. El Concejal y abogado Palacios debería saber muy bien qué penal y disciplinariamente la Ley castiga el “interés indebido”. Como lo advierte claramente el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 del 2000, “(…..)No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general”. Por ello no pudo señalar razonablemente una causal de conflicto de intereses que justificara la recusación. A lo mejor lo sabe muy bien. Por eso resulta imperdonable que la Presidenta Name lo haya secundado sin darse cuenta.