El nuevo contrato social

A mediados del siglo XVI Jean Jacques Rousseau, a partir de su observación de la sociedad, constituida en ese entonces por masas sometidas al Rey, discurre acerca del vínculo que existe entre el soberano y los súbditos. Descarta que el vínculo se halle en la fuerza o la sumisión, sino que por el contrario, los hombres voluntariamente renuncian a un estado de natural inocencia para someterse a las reglas de la sociedad, a cambio de beneficios mayores inherentes al intercambio social. Este consentimiento voluntario se materializa a través de un contrato, "el contrato social" en este caso.

En Colombia llegó la hora de hacer un nuevo contrato social, uno en el que los ciudadanos tengan más garantías de buen relacionamiento con su Estado, en el que se fortalezcan las instituciones para garantizar a los ciudadanos unos estamentos legítimos y con amplia credibilidad que les garanticen sus derechos y los motive en el cumplimiento de sus deberes. Para que este contrato sea viable, debe haber compromiso por parte de todos los actores políticos del Estado, un compromiso con la honestidad y con la eficacia. Las promesas que se hacen a los ciudadanos deben ser un contrato de obligatorio cumplimiento. El incumplimiento de la confianza ciudadana que se expresa a través del voto en los procesos democráticos, es un fraude del contrato social y por supuesto a la democracia. Los ciudadanos esperan soluciones y quieren que un gobernante sea riguroso con sus compromisos con el país. Eso significa asumir una alta responsabilidad: establecer un contrato con el país para alcanzar unos objetivos concretos. Y que el país pueda juzgar si se está cumpliendo con la tarea o no. Porque la eficacia es también un paso necesario para generar confianza. Y será la confianza lo que nos permita ganar un futuro mejor para toda la nación colombiana. Para que este nuevo contrato social funcione debemos desterrar las prácticas corruptas de las instituciones políticas. Debemos dedicar tiempo, esfuerzo y recursos, para combatir con toda la energía la lacra intolerable de la corrupción que le hace un inmenso daño a nuestro país, recuperando de esta manera la credibilidad y confianza estatal que tanta falta nos hace. La esencia de la política es el servicio y trabajo por el conjunto de la sociedad. Y debe basarse en la honestidad y la eficiencia. Por eso, el corrupto no sólo es un delincuente: El corrupto es un traidor a Colombia y a los colombianos. El corrupto es un traidor a la patria que desprecia la democracia y desprecia a la gente. Porque no puede haber nada más indigno y más deplorable que beneficiarse de los recursos públicos, del dinero que sale del esfuerzo de los trabajadores colombianos. Porque no hay nadie más repudiable que alguien que utiliza un cargo público para beneficiarse ilegalmente. Pero más allá de consideraciones éticas, hay que tener claro que la corrupción impide que un país se desarrolle, impide que sus instituciones sean fuertes, impide que haya más recursos disponibles para invertir en activos sociales, en educación, salud, infraestructura  y proyectos productivos que generen empleos. En definitiva, los problemas de la gente se solucionan con eficacia y transparencia. Porque la prioridad de un corrupto y de los que desangran al Estado, es el beneficio personal y no les interesan los problemas, necesidades y expectativas que consolidan en conjunto el bien común. Quiero un nuevo contrato social con los colombianos, en el que con integridad se cumplan los roles de ciudadanos y gobernantes, en el que las instituciones se fortalecen, brindándole garantías de eficiencia y transparencia a los colombianos para el desarrollo óptimo de sus funciones como ciudadanos. Este contrato social que lleve a Colombia a situarse al nivel de las democracias más avanzadas del mundo, donde la competitvidad y la calidad de vida sean consecuencia de la transparencia y la eficacia en el Estado que promuevan una nueva ciudadanía.