Es cierto que vivimos un periodo económico complejo y son grandes los desafíos que tenemos en adelante para recuperar el crecimiento y generar empleo, que son dos de las grandes prioridades compartidas hoy en día por la mayoría de los sectores políticos y económicos nacionales, no monopolistas.
El gobierno de turno debe tener un papel determinante en el diseño de políticas que contribuyan a minimizar el impacto de la crisis y promover la reactivación económica que evite aumentar el desempleo, la crisis social por falta de ingresos en los trabajadores, los profesionales, los pobres y la inestabilidad y la quiebra de la pequeña y grande industria nacional y el campo colombiano.
No puede seguir siendo el gobernante el representante de los gobiernos imperiales ni el empleado de los monopolios económicos transnacionales y menos el obediente a las políticas de los organismos mundiales que le formulan y obligan a aplicar sus mandatos si no quieren ser excluidos de su entorno, en detrimento del interés nacional.
Los presupuestos de los países en crisis deben tener claro que los recortes y ahorros no pueden ser en detrimento de la inversión social, el empleo la educación y la salud como los servicios públicos básicos, y el apoyo a la industria y el campo para mantener su estabilidad y mejorar la producción y el crecimiento.
Tampoco los recortes se pueden dar en los compromisos con las pensiones, las transferencias y la inversión en la infraestructura, la seguridad para los ciudadanos y menos en la justicia y en la garantía en la defensa de los derechos humanos y las libertades.
Nada pasa si se recortan las partidas presupuestales, en el pago de los compromisos con el sector financiero nacional o extranjero, se pueden replantear. Tampoco en la publicidad, o en los gastos innecesarios en las burocracias de los funcionarios altos de orden nacional o regional, y menos en las inversiones fallidas en pagos de coimas en contratos o en la seguridad para evitar hechos o acciones violentas.
Y claro que, si se evita la corrupción, todo eso sumado da más del 25% del presupuesto de cada año evitando empobrecer más a la población que es lo que ha venido pasando en forma permanente y más desde que el país lo matricularon en la maldita política neoliberal que ha sido la principal responsable de la crisis.
Es positivo que se haya logrado un pacto con parte de la insurgencia nacional, porque ello contribuye a la paz, a fortalecer la democracia, al crecimiento económico, a la generación de más empleo y al ahorro de recursos para la guerra que pueden ser dedicados a la inversión social y al apoyo a los sectores productivos del país, que lamentablemente eso no es política del gobierno de turno.
Ahora bien, no es aceptable que con el cuento de la paz y la crisis económica se afecten los compromisos con las regiones y la inversión en la salud, educación y demás servicios públicos prioritarios, y menos se violenten los derechos a la protestas, reprimiendo la movilización social y ocultando las exigencias de los maestros más que justas y coherentes con la defensa de la educación publica, los derechos de los estudiantes padres de familia y educadores , y demás trabajadores al servicio del Estado y los paros cívicos del choco y buenaventura agregado a las reclamaciones de gobiernos regionales que advierten al presidente de más conflictos por falta de recursos ya comprometidos y que la gente exige del régimen su ejecución rápida y eficiente.
Las respuestas del gobierno en palabras de los ministros y altos funcionarios como del propio presidente, son canallas, provocadoras e incitadoras a la rebelión civil con la movilización social.
El doctor SANTOS primer mandatario, está justificando con sus respuestas estériles y el tratamiento policial y militar a los levantamientos populares, un PARO CIVICO NACIONAL, que sin duda no es nada bueno para el momento crítico que vive y en que se debate la nación y menos con las dificultades en la implementación de los acuerdos de la Habana, las negociaciones de QUITO, y la crisis profunda de la economía al lado de momentos difíciles por las absurdas confrontaciones políticas que se profundizaran en la medida que se acerque la fecha de la sucesión presidencial y parlamentaria.
Los movimientos alternativos y los demócratas estamos en la obligación de acompañar la protesta social así como apoyamos los acuerdos de paz, debemos agruparnos al lado de la ciudadanía decente para exigir del régimen solución al conflicto social; y de no encontrar respuestas eficaces, debemos llamar a una gran jornada nacional para presionar una salida aceptable y lograr que se suspendan los paros y huelgas que cada día crecen por la irresponsabilidad del gobierno nacional.
