¿El tal bombero pirómano existe?

Las últimas semanas no fueron de la magnitud esperada por el presidente Juan Manuel Santos porque su gobierno no tiene un diálogo sincero, permanente y deliberante con los ciudadanos sobre los problemas reales, sino esporádicos encuentros libreteados donde el público se limita a oír. Desde los días preliminares al paro agrario todo ha sido una sucesión de reacciones incoherentes encaminadas a apagar fuego con gasolina. Se acusó al senador Robledo de estar relacionado con acciones ilegales de manifestantes. Como a la opinión ese ataque le pareció injusto e inverosímil, la noche anterior al debate sobre las maniobras agrarias del embajador Urrutia, el Ministro de Defensa anunció la nueva cúpula de las fuerzas armadas para tender una cortina de humo que redujera la visibilidad del caso en los medios de comunicación. Una vez se dio inicio a la expresión de la indignación campesina, menospreció su importancia y proporción con lo cual confirmó la desconexión y avivó los ánimos de activismo ciudadano. En seguida se dedicó a generar expectativa sobre la sesión de la comisión asesora de relaciones exteriores en el caso de San Andrés porque se daría a conocer la estrategia de Colombia frente a Nicaragua, pero al final de la sesión no se definió nada. De esa manera construyó una frustración porque la deuda ya no solo tiene como punto de referencia los pasos a seguir frente al fallo de La Haya y la pérdida del mar, sino el riesgo de quedarnos sin isla por las pretensiones adicionales del país centroamericano. A continuación, de manera súbita e improvisada, presentó en una hoja mal redactada un proyecto de ley para cambiar las reglas electorales y de referendo con el fin de permitir que el mismo día que se escogen a los congresistas o al presidente los jurados estén obligados a entregar un tarjetón adicional y así los ciudadanos tengan que votar por los proyectos de normas que acuerden las Farc con el gobierno en La Habana. Esa avivatada además de ofender a sectores de opinión democrática por atacar la libertad del votante (protegida mediante ley estatutaria y sentencia de la Corte Constitucional desde 1994) al revolver la elección de candidatos con la decisión sobre normas, intentar arrinconar a quienes piensan distinto respecto del proceso, extinguir la posibilidad de abstención activa y someter a los ciudadanos al proselitismo con fusil al hombro; fue utilizada por las Farc para suspender los diálogos y hacer visibles elocuentes señales de que ellos manejan el ritmo y el tono de la ilusión de paz. La reacción del gobierno fue una bravuconada que dio pie a las Farc para reiterar su dominio porque antes de que los negociadores regresaran a Bogotá, como lo instruyó el presidente, anunciaron que estaban listas para continuar las sesiones apenas pasara el fin de semana. Para amainar el golpe, el antídoto de la Casa de Nariño fue que no hay que pararle bolas a nada de lo que se diga por fuera de la mesa en Cuba, con lo cual genera dudas sobre lo que digan en público los terroristas y el propio gobierno. Difícil encontrar una mejor expresión y más autorizada para aumentar la desconfianza evidenciada por las encuestas de manera sostenida. La ansiedad por la esperada sentencia sobre el marco jurídico para las Farc aumentó cuando se conoció el concepto que desde la Corte Penal Internacional llegó a la Corte. La defensa en este caso fue que la reforma constitucional tramitada y expedida por el congreso, mientras el gobierno negociaba secretamente con esa organización, en realidad no define nada porque todo queda sujeto a las leyes estatutarias que la desarrollen. Enunciado que niega la relevancia señalada por el jefe de Estado, pocos días antes, en la audiencia pública del Palacio de Justicia, y que suma otra contradicción. Al tiempo que el gobierno volvía a sentarse en La Habana con terroristas que no suspenden sus actividades criminales y que asesinaban catorce soldados en Arauca a quienes no mencionó, ni acompañó a sus honras fúnebres; y, en contraste, no atendía a los campesinos indignados, surgió la que será la frase del año: el tal paro nacional no existe. Palabras que actuaron como galones de combustible. Las reacciones para apagar una hoguera la fueron convirtiendo en un incendio. El gobierno por ganarse a las Farc ha perdido a los colombianos pacíficos. La potencia pedagógica de darle prioridad al diálogo con los criminales y subestimar a la inconformidad ciudadana ha estimulado las vías de hecho, al punto que ya es una tormenta, en el diccionario de JMS. El pasado jueves los ciudadanos volvieron a sentirse amenazados, se organizaron en sitios como Soacha para brindarse seguridad. La policía se vio acorralada por momentos. Y para rematar las declaraciones del Ministro de Defensa le insuflaron oxígeno y combustible político a las farc porque al señalarlas como articuladoras de lo que estaba pasando les concedió un número de activistas y militantes que no tienen y las agranda ante la opinión. Aumentó el malestar en quienes se sienten señalados y tratados injustamente. Hizo recordar que el pasado 9 de abril el presidente le marchó a la Marcha Patriótica, ahora tachada de impulsar el vandalismo. Así el gobierno mordió el anzuelo de las Farc. Ya el viernes para evitar la percepción de soledad y desorientación en la presidencia se tomaron fotos con líderes gremiales y con alcaldes y gobernadores. Ese registro gráfico evidencia lo que se quería ocultar. Para ese momento ya se había leído en el telepronter que el gobierno nacional respaldaba las decisiones de las autoridades locales cuando lo que establece la Constitución es que para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado las órdenes del presidente se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre la de los gobernadores y alcaldes. Por todas esas reacciones contradictorias que parecen intentos de apagar fuego con gasolina surge la pregunta: ¿el tal bombero pirómano existe?