Elección popular de contralor (a), procurador (a), y defensor (a) del pueblo

El acuerdo de La Habana entre la insurgencia y el Gobierno Nacional sería plenamente justificado en materia anticorrupción si además  del ahorro de recursos empleados en la guerra - con su gran cuota de corrupción infaltable-  el mismo se aviniese un vuelco total en el control del país - o asustadurias- con la elección popular de contralor (a), procurador(a), y defensor(a) del pueblo, mediante el clamor uniforme nacional de su elección directa por voto popular. Elección popular  de contralor, procurador(a), y defensor(a) del pueblo Si hay un sonoro reclamo que en los persistentes recorridos por todo el país durante cerca de dos décadas de ejercicio del control social a través de las veedurías hemos encontrado es el de la impunidad cifrado en los órganos de control disciplinario y de gestión fiscal, es decir la Procurador y Contralor General especialmente. Los puntos de reforma política que se debaten en La Habana principalmente refieren a la inserción en la agenda electoral por parte de la insurgencia, pero el relativo a la elección popular  de contralor (a), procurador (a), y defensor (a) del pueblo es el único que interesa a todos los colombianos excepto a la clase política y los congresistas en particular que a su antojo someten a los órganos de control y les imponen sus condiciones, políticas, y onerosas cuotas burocráticas, capturando de esta forma la vigilancia de la gestión pública. Todos (as) por la Paz: la paz, el negocio anticorrupción por excelencia El titular parece la referencia a una alocución presidencial de Santos dada la semana anterior, pero igualmente coincide con una  convocatoria ciudadana del colectivo “Todos por la Paz” que sirvió de punto de partida al colectivo Red de Veedurías de Colombia con algunas variaciones. Entonces la propuesta se invocaba como de iniciativa  ciudadana más que gubernamental o institucional. En cualquier  caso acudir al constituyente primario para validar la desmovilización o por lo menos la conclusión del inveterado conflicto armado es un acierto y en si mismo constituye la cuota inicial en la lucha contra la corrupción, ya que de una parte removido ese obstáculo el país puede dedicarse a confrontar otros desafíos que constituyen el grueso de la problemática ciudadana insoluble en el marco de  la negociación bipartita entre el gobierno y la insurgencia como es el caso de la lucha contra la corrupción. La paz un negocio anticorrupción de $400 mil millones empezando De otra parte, es innegable que los ingentes gastos militares empleados en la guerra por el Estado colombiano han constituido el festín de donde se han amasado increíbles fortunas por oficiales cuyo salario normal no les permitiría más que a duras penas cubrir los gastos de sostenimiento familiares, y donde se ha creado un fortín de corrupción sin precedentes en todos sus niveles. No menos de cuatrocientos mil millones de pesos nos ahorraríamos anualmente de manera directa con la sola firma de un acuerdo de paz, que es el monto que se calcula de las comisiones actuales que se causan por mordidas en la contratación para la guerra en la fuerza pública patria. @pablobustossanc