Elecciones y cese al fuego cruzado de la corrupción

Así como  la insurgencia armada anuncia un cese al fuego unilateral -sumado a los históricos avances en los acuerdos logrados en el marco de  la agenda de La Habana- deberían los corruptos del país declararle una tregua a las arcas  públicas y al incesante desafío abierto a  la ética pública, y de esta forma a la declaratoria de guerra que el latrocinio le viene declarando a la ciudadanía. Estamos frente  a las elecciones presidenciales más importantes del último siglo y una de las más trascendentales de toda nuestra historia, dado que el país se juega la más seria opción de paz para terminar una guerra  que ha devorado la república  por más de medio siglo, nos jugamos nada menos que la terminación del conflicto armado más antiguo del planeta. La decisión pública está claro pasa por estos momentos por la contienda electoral que hoy no solo refiere a la  conducción del Estado, es decir la elección del primer mandatario, sino al futuro y viabilidad de Colombia como nación civilizada, a la que en últimas subyace la pregunta  sobre si somos capaces de encarar el problema de lejos más importante de nuestros tiempos, como es el de la paz, la negociación política del conflicto armado. Sin la paz no podemos solucionar ningún problema de fondo, y esta a su turno constituye la clave o prerrequisito de la solución de todos y cada uno de los problemas serios que arrastramos como cadenas desde el propio descubrimiento, incluso la independencia, y aún  lo que va corrido de esta frágil república. Cómo no entender como colombianos que la paz es un derecho y un deber histórico así lo indica el art. 22 de nuestra constitución política, pero igual nuestro código ético judeo- cristiano desde las doce tablas con el "no mataras", los cuales guardan directa relación con los más básicos principios de convivencia humana, y de la sobrevivencia como especie, la del género humano como tal por lo que resultan apenas obvios los reconocimientos a los logros en materia de negociación por parte de la ONU, y OEA y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. La búsqueda de la paz constituye un principio fundacional del Estado moderno, donde la política como tal es su valida continuidad en el seno de una sociedad democrática. Solidaridad para la domocracia y paz para la libertad La paz resulta inaplazable y posponerla nos obliga a preguntar cuántos muertos  más, cuánto dolor y tragedia más  tendremos que esperar para tratar de pensar de nuevo en buscarla y más aun en conquistarla, para negociarla... La lucha contra la corrupción y un estado íntegro no son posibles en absoluto en un estado de violencia generalizada como el nuestro. La superación de la corrupción supone el término de la violencia armada. A su turno, sin desconocer que la disminución de la guerra promueve el atemperamiento de la corrupción, erigiéndose en una especie de contrapartida de beneficio social del estado de cosas donde la violencia armada amaina. Ninguna sociedad moderna puede sustraerse a agotar todos los caminos que le permitan superar la violencia armada, y nosotros apenas estamos comenzando, y frente a la complejidad tenemos al menos diálogos, acuerdos parciales concretos, y un transitorio cese unilateral del fuego por parte de la insurgencia, que quizás debería ofrendarle al país más gestos de voluntad de paz por estos días, un cese al fuego permanente mientras duran los diálogos por ejemplo. Hoy la decisión sobre la opción presidencial pasa por el examen sobre el modelo de sociedad y su relacionamiento con la prolongación y la contención de la guerra por vía del diálogo y la negociación, o de la prolongación de la violencia y el escalamiento de la confrontación militar, aplazando la resolución de los problemas que el mismo conflicto armado aun sin buscarlo disfraza y oculta como el de la corrupción y el desafío constante a la participación ciudadana por parte de quienes ven lo público como un simple botín de guerra. @pablobustossanc reddeveeduriasdecolombia@gmail.com