Las temidas siete plagas de Egipto que simbolizan los períodos duros, en Colombia se resumen en dos: la corrupción y el invierno. Azotan de manera despiadada al país y de distinta forma terminan afectando a los sectores más pobres, más vulnerables, a los que más requieren del apoyo estatal. Y esto sucede porque la corrupción se trata de la pérdida de recursos públicos que terminan no en obras, que benefician a todos, sino en el bolsillo de personas sin escrúpulos que han invadido al Estado colombiano. Se trata de la forma más perversa de privatización de lo público en donde en vez de eficiencia que se suponía le introducía la gestión privada al manejo estatal, lo que ha sucedido es la destrucción de la gestión pública. La infraestructura cayó en manos de este proceso que ya venía haciendo profunda mella en la política social del estado, desapareciendo los recursos destinados a la salud, a la vivienda de interés social, entre otros. A su vez, el invierno ha servido para demostrar las terribles desigualdades de un país que solo se desarrolla en ciertos lugares y para ciertos sectores, dejando por fuera a casi la mitad de su población. Sus viviendas, localizadas en los sitios más vulnerables; sus pueblos abandonados de la mano de Dios donde solo aparecen los políticos para comprar votos; donde el rebusque es la forma de vivir, han sido carne de cañón para este cruel invierno que lejos de terminar continúa cada vez más fuerte. Ha superado sin duda la capacidad de respuesta no solo del gobierno sino del mismo país que creyó que regalando mercados resolvía su situación.

Pero se subestimó un coctel molotov: corrupción, invierno y campañas políticas y hoy la situación casi que puede denominarse caótica en el Sur del Atlántico, en los pueblos rivereños del Magdalena, del Cauca, del Río Bogotá y de muchos otros. Obviamente la prioridad es atender a los damnificados, nadie duda de eso, ni el gobierno ni Colombia Humanitaria, pero ¿está esto realmente en sus manos? Sinceramente creo que simultáneamente tiene que darse una operación anti corrupción y limpieza en las campañas políticas lo que demandaría el apoyo de otros sectores del gobierno nacional incluyendo además, a aquellas instancias que velan por la transparencia de las elecciones. Una Operación Jaque, probablemente tan complicada como la original, donde muchas más oficinas del estado tienen que entrar a operar ya y simultáneamente. Los medios de comunicación tiene un gran papel que desempeñar: abran puertas de denuncias para que los funcionarios puedan orientar mejor sus estrategias; pongan en la picota pública a aquellos que están favoreciéndose ilícitamente de las ayudas. Saquen a relucir a los que están haciendo campañas a costa de Colombia Humanitaria.

Pero la clave del asunto está en entender que pasó con esta disparada de la corrupción para atacar de fondo esta terrible peste. En un excelente artículo, Salomón Kalmanovitz afirma: “Sin que nadie se diera por aludido, Uribe fue empacando todas las vacantes de las Cortes, la Fiscalía, la Judicatura y la Procuraduría con sus representantes, de tal modo que la acción de la justicia contra los corruptos presenta serias fallas, parcialidad, retrasos y vencimiento de términos que conducen a la impunidad. Mientras los funcionarios secundarios están siendo sentenciados, los que actuaron con mayor responsabilidad no están siendo judicializados”. Estas y otras de sus frases deben llevar a una seria reflexión del país y de sus líderes para que estas dos plagas no profundicen aún más, la desigualdad colombiana.

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