Nadie puede negar que en nuestro país hayan ocurrido hechos horribles con la participación- por acción por omisión- del Estado colombiano. No se trata de desconocer las fallas protuberantes de nuestro sistema judicial, de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional. Durante años, en esta guerra sucia que ha sido la nuestra, se violaron los derechos de muchos inocentes. Esa deuda con las víctimas es impagable y constituye un terrible lunar de nuestra historia.
Pero, como dice el refrán popular, “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”. Los grandes violadores de los derechos humanos no son las fuerzas institucionales de la República sino la guerrilla y los paramilitares. Son ellos los causantes de la mayor fracción del dolor nacional. Son ellos los primeros responsables de esta guerra fratricida. A ellos les corresponde asumir su enorme responsabilidad con la sociedad civil pues son quienes más daño le hacen a los inocentes.
En Colombia por fin estamos descubriendo lo que muchos sabíamos y habíamos denunciado sin que nos pusieran atención. Los hechos recientes relacionados con el caso de la masacre de Mapiripán confirman que, en varios casos, detrás de hechos horrendos e injustificables hay una verdadera mafia de abogados y ONG inescrupulosas encargadas de ampliar, distorsionar y manipular la justicia nacional e internacional. Así como hubo los lamentables falsos positivos, están apareciendo los falsos negativos, en otras palabras víctimas que no son víctimas, abogados bandidos y una red de complicidades encargada de desfalcar al fisco colombiano y de paso deteriorar su imagen internacional.
Ya era hora que cayera la máscara y quedara en evidencia que los defensores de los derechos humanos -muchos de ellos bien intencionados- están rodeados de otros oportunistas que hacen su agosto inventando, denigrando y calumniando a nuestras fuerzas militares y policías. Por fin los colombianos empiezan a entender la magnitud del complot judicial contra el Estado colombiano. Esa Quinta columna encargada de neutralizar, por la vía judicial, el accionar de nuestras fuerzas militares y utilizar el sistema judicial internacional para obtener recursos provenientes de sentencias injustas contra la Nación.
Que nos sirva de lección: el Estado tiene que defenderse y defender a los que actúan en su nombre. Colombia ha dejado que su nombre sea injustamente salpicado por quienes tienen una agenda política y la están ejecutando. Es cierto que tenemos muchos problemas y graves. Pero también queda claro que hay organizaciones que quieren distorsionar la realidad para sus fines oscuros e ilegales. El espacio que le hemos dado a estas ONG mentirosas nos ha costado miles de vidas pues no hemos sido capaces de terminar esta horrible guerra.
Es hora de que el gobierno estudie y exija que las ONG que operan en Colombia cumplan con parámetros éticos, respeten nuestra Constitución y nuestras instituciones. Que nos sirva de lección para que dejemos los complejos y sepamos distinguir entre los verdaderos defensores de los derechos humanos y los estafadores del dolor.
