Germán Olano, Samper y Uribe: terrenos comunes

Desde hace cerca de dos décadas cuando denunciamos al presidente Samper por su presunta participación en la infiltración de dineros del Cartel de Cali, no se perfilaba una polarización por una investigación contra un Presidente de la República como la que se advierte respecto de la investigación preliminar contra Uribe, con algunas diferencias sustanciales. En primer término, los embates judiciales contra Samper se dieron en ejercicio del poder, desde el comienzo de su mandato,  con lo que logró desde muy temprano contener y doblegar el Congreso por medios discutibles y mediante beneficios o complacencias con sectores doblegados al poder. De otra parte, la prolongada hegemonía  de Uribe por cerca de ocho años generó un debilitamiento correlativo de los órganos de control, y una neutralización del aparato judicial que obligó posponer la investigación de los grandes temas de corrupción que apenas empiezan a irrumpir con fuerza como las “chuzadas”, falsos positivos, Dirección Nacional de Estupefacientes, Fondelibertad, Agro Ingreso Seguro; no así el financiamiento del referendo o la Yidispolitica  por cuanto su conocimiento o trámite es de la esfera propia  de la Corte Suprema de Justicia. Sin duda, la estrategia del “tapa tapa”, común denominador de los gobiernos Samper y Uribe, comienza a mostrar sus grandes debilidades: Samper es señalado como instigador del asesinato de Álvaro Gómez y empiezan a caerse como un castillo de naipes los otrora alfiles del gobierno Uribe. De hecho, desde el gobierno de Samper cuando a raíz de la denuncia que formulamos contra los 111 parlamentarios que absolvieron a Samper,  no se veían salir huyendo del país a altos servidores públicos para eludir a la  investigación de la Corte Suprema de Justicia. Tal condición de fugitivo fue inaugurada por el entonces representante a la Cámara Carlos Alonso Lucio, hasta hace poco esposo de  la actual Fiscal General de la Nación, quien mediante una célebre y controvertida decisión echó por tierra aquella investigación -paradójicamente fue esta misma Corte la que eligió a Vivianne Morales como cabeza del ente fiscalizador-. Esta estrategia se repitió  de manera fallida con Mario Uribe y recientemente con la exdirectora del DAS. Los dos expresidentes fueron recibidos en versión,  uno en ejercicio, Samper, por Heyne Mogollón en el sospechoso confort  del Palacio de Nariño, donde definitivamente había “entrado el elefante” –como alegóricamente se refería a la presencia de dineros de narcotráfico en su campaña presidencial-. El otro la supuso esperar el relevo presidencial para en condiciones de mayor fragilidad política enfrentar lo que más que un proceso jurídico técnico puede terminar en un juicio político con mayor impacto que el propio fallo judicial. Ya parece seguro que el proceso de investigación del presidente Uribe se desarrolle bajo la dirección de una comision de magistrados, con el problema que estos serían designados por el propio Congreso; esto es, con criterios más políticos que técnico-jurídicos, y que tal reforma se anuncie justo el día siguiente al fiasco de la Comision de Acusaciones en conducción de la diligencia de Uribe. Si uno mira quienes  han sido presidentes de la Comisión de Acusaciones, o mejor llamada “comision de absoluciones” varios de ellos han sido judicializados y han participado en escándalos de corrupción connotados. Por ejemplo, Germán Olano, preso y sancionado por el cartel de la contratación, Carlos Oviedo Alfaro –q.e.p.d.-  condenado por homicidio, o el paso de Pablo Ardila, hoy tras las rejas, entre varios otros que han tenido un triste tránsito por el Congreso, pues esa condición de investigar a las Cortes y altos funcionarios del Estado les permitió gozar, al menos temporalmente, de impunidad. El sistema de infestación de estos está diseñado perfectamente bien para que este no funcione.