Confieso que el paro judicial me ha generado toda suerte de sentimientos encontrados. Por una parte, está la desazón que produce ver estancados los procesos sin que pase absolutamente nada, o la molestia que genera el hecho de trasladarse a una ciudad distinta de aquella en la que uno reside, con el propósito de asistir a una audiencia determinada -dejando atrás la compañía inmejorable de la familia- para percatarse al llegar a la cita con la justicia en representación de un cliente atribulado, que esta es literalmente impenetrable, porque el acceso a los Juzgados y Fiscalías están bloqueados por cientos de empleados que reclaman mejores condiciones laborales.
En mi caso, se trató de un par de diligencias judiciales fallidas que, al final del día, me sirvieron de pretexto para rencontrarme con el Mar Caribe al que tanto anhelo en los fríos días bogotanos y departir con aquellos amigos entrañables que me recuerdan la magia de mi tierra. En el caso de los empleados judiciales que luchan por un mejor futuro, para ellos y sus hijos, es un asunto de vida o muerte. La verdad es que tienen razón a más no poder en sus reclamos, pues no hay derecho a que después de veinte años de expedida la Ley 4 de 1992, por medio de la cual el Gobierno Nacional debía reajustar sus salarios, la mayoría de empleados de la Rama Judicial (hay una elite privilegiada) sigan devengando salarios miserables.
Todo lo que se hace en este país es a medias o al revés, sobre todo si viene del sector público. La obligación del Estado de reajustar los salarios de los empleados de la Rama Judicial, amparada en un mandato legal, se hizo parcialmente y solo seis años después de expedida la Ley 4 de 1992. En el año 1998, al final del Gobierno de Ernesto Samper la nivelación salarial se decretó, pero solo para los Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, los Magistrados de los Tribunales de Distrito y Departamentales y los Fiscales Delegados ante los Tribunales, entre otros. Es evidente que con semejante actuación se vulneró flagrantemente el derecho a la igualdad de miles de empleados judiciales, que lo único que han buscado durante dos décadas es que se cumpla la Ley y que no los traten como ciudadanos de tercera.
El reajuste tiene sentido, es un acto de justicia, pues no hay derecho a que, por ejemplo, un Fiscal Seccional o un Juez Penal del Circuito se ganen menos de $5.500.000 mensuales, o que un auxiliar de despacho devengue tan solo $1.500.000, cuando a diario tienen que arriesgar sus vidas administrando justicia, en un país tan violento y sórdido como el nuestro, con una carga laboral desproporcionada, sin medios de ninguna índole, en solitario, sin el concurso de otros organismos del Estado para hacer su trabajo.
Si hay un elemento determinante para la consolidación de una democracia, este es la aplicación de justicia; pero, ¿cómo puede haber justicia verdadera si ni siquiera somos equitativos con quienes tienen que poner la cara y, en muchos casos, ofrendar sus vidas por encontrar la verdad? Las víctimas de los delitos que se investigan sin duda se ven perjudicadas por el paro, pero resulta que los empleados judiciales a los que se les pagan sueldos de hambre y se les somete a toda tipo de humillaciones, también son víctimas de un sistema indolente y excluyente.
Se requieren cerca de 1.5 billones de pesos para la nivelación salarial, y el Gobierno está en la obligación legal y moral de conseguir esos recursos a como dé lugar. Puede que el aumento en discusión no sea tan rentable políticamente frente a otros proyectos gubernamentales de cara a la reelección, pero si Santos no resuelve este entuerto pronto, puede dar por descontada su derrota en las urnas, porque si hay un lujo que no puede darse un gobernante es que la justicia se detenga.
La ñapa I: El premio Simón Bolívar a la vida y obra de Ernesto Mccausland es un merecido homenaje a un periodista brillante y a un ser humano excepcional, que nos ha enseñado a muchos, el valor de la verdad y la fuerza de la humildad. ¡Felicidades, mi hermano Americano!
La ñapa II: Ojalá la Reforma Tributaria no termine convertida en un “Frankenstein”, tal cual ocurrió con la malograda Reforma a la Justicia.
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