La cacería de jóvenes en Bogotá

Casi nadie recuerda el polémico comercial de campaña del Presidente Santos. No me refiero al de “Doña Mechas” en el que invitaba a votar por “Juanpa”. Está tan presente en la memoria presidencial que su protagonista terminó invitada a la ceremonia de posesión. El que está en el olvido es aquel en el que el Presidente le preguntaba a un grupo de padres y madres de familia si estaban dispuestos a enviar a sus hijos a la guerra y estos respondían con un NO rotundo. Fue en ese contexto en el que Santos prometió la eliminación del Servicio Militar Obligatorio como parte del posconflicto. Esta suerte de amnesia selectiva la padece especialmente el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el alto mando militar. Es eso lo que demuestran las “batidas” que por estos días ha realizado el Ejercito en las calles de Bogotá y de otras ciudades del país con el propósito de reclutar jóvenes para el Servicio Militar Obligatorio. Estas operaciones anacrónicas y violatorias a los derechos humanos ocurren a plena luz del día en sitios como el portal de Transmilenio del 20 de julio o de Mártires, las salidas de los colegios o iglesias en Kennedy o Ciudad Bolívar o en centros comerciales del sur y occidente de la capital. Es una caza de jóvenes pobres para la guerra, porque cuando las familias reaccionan ya han sido trasladados al Guaviare, Caquetá o Putumayo. Dirán que el Presidente Santos prometió la eliminación del Servicio Militar Obligatorio para después de la firma del acuerdo de paz. Y que mientras ello ocurre la obligatoriedad del Servicio Militar se mantiene vigente. Pero lo que el ministro Pinzón no puede ocultar es que está violando la ley 48 de 1993 que indica los pasos para que una persona defina sus situación militar. Y desatiende sentencias de la Corte Constitucional como la C-879 de 2011 que indica que la inscripción para definir la situación militar “no puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su retención por autoridades militares por largos períodos de tiempo con el propósito no solo de obligarlo a inscribirse, sino de someterlo a exámenes y si resulta apto finalmente incorporarlo a filas”. Las Naciones Unidas y la misma Corte Constitucional las califica como detenciones arbitrarias. Y más grave aún cuando, como está ocurriendo en Bogotá, los capturados y reclutados forzosamente son menores de edad, estudiantes, hijos únicos, víctimas de la violencia y objetores de conciencia. El ministro está obligado a cumplir la ley. Y la sociedad colombiana a abrir el debate sobre la necesidad de eliminar el Servicio Militar Obligatorio. Las cifras indican que quienes van a la guerra son los pobres. Entre enero de 2008 y diciembre de 2012 fueron incorporados al servicio militar 466.377 jóvenes de los cuales, entre los bachilleres, casi el 90% provenían de estratos 0,1,2 y 3, mientras que solo el 0.7 correspondió al estrato 4, el 0.04% al 5 y el 0.02% al 6. El Premio Nobel de Economía Douglas C. North y el profesor Roger LeRoy Miller afirman que el Servicio Militar Obligatorio es un impuesto implícito a los más pobres. Y hay poderosos argumentos que demuestran las ineficiencias de tener que dedicar cada año o cada 18 meses millonarios recursos a formar por espacio de cien días los nuevos reclutas. Sobre todo cuando no estamos incursos en guerras expansionistas como cuando Napoleón se inventó el Ejercito moderno y el servicio militar obligatorio, y más bien tenemos que enfrentar peligros como el terrorismo, el narcotráfico, la guerra informática y tecnológica que requieren ejércitos profesionales. Con ello nos ahorraríamos por fin el espectáculo de cacería de jóvenes pobres que nos ofrece el Ejército por estos días.