En Colombia por fin salimos de las elecciones presidenciales, pero quedamos hastiados de los enfrentamientos y el rifirrafe entre las familias y los amigos por preferir a uno u otro candidato. Sin embargo, la jornada electoral del año no ha terminado, el próximo 26 de agosto volveremos a las urnas a votar en la consulta popular anticorrupción, en la que los ciudadanos tendremos que contestar las siete preguntas que buscan eliminar algunas prácticas consideradas corruptas y establecer sanciones a políticos y contratistas que roben al erario, así como evitar que la política se convierta en un negocio personal. Una jornada que para que sea válida deberá obtener más de doce millones de votos, que esperemos se logren. Tres veces a las urnas en pocos meses puede resultar demasiado para muchos ciudadanos
La principal promotora de la consulta Claudia López ha dicho que se debe votar 7 veces 7 y responder si o no a las preguntas que tienen que ver con la reducción del salario de congresistas, no a casa por cárcel para corruptos, transparencia en la contratación, audiencias para fijar presupuestos, rendición de cuentas obligatoria sobre las funciones legislativas de los congresistas (debates adelantados, proyectos de los cuales fueron autores y ponentes), obligación de presentar la declaración de renta pública y el pago de impuestos para la posesión de cargos públicos y que se fijen tiempos máximos para hacerse elegir para corporaciones públicas.
La tarea de quienes abanderaron la aprobación de la consulta en el Congreso será dura y tendrán que emprender una labor pedagógica en muy poco tiempo, pues habrá que explicar que es lo que se va a votar y que sigue, porque desde ya se oyen las voces que dicen que algunas de los objetivos de la consulta están consignados en leyes y mandatos constitucionales y que algunos aspectos tendrán que pasar por una reforma a la Carta Política colombiana que en el Congreso de la República tendrá muchos opositores prestos a evitar por ejemplo, que se les impongan límites para aspirar una y otra vez a ocupar las curules en las que se ha sentado cómodamente cada cuatro años sin descanso a devengar y a trabajar poco o nada.
La corrupción está enquistada en nuestra sociedad, pero hay opción de cambiar y España nos dio ejemplo al juzgar, condenar y mandar a la cárcel a uno de esos personajes que en el pasado fueron intocables, el exduque Iñaki Urgandarin, esposo de la infanta Cristina y cuñado de Felipe VI, rey de España. Ya ingresó a la cárcel para cumplir una pena de cinco años y 10 meses por fraude al estado. Sin embargo, por una curiosidad de las leyes españolas el condenado puede escoger su lugar de reclusión y él se decidió por una prisión -donde hay 200 mujeres y él será el único hombre- la cárcel de Brieva a diez kilómetros de Ávila. Con certeza se portará bien y así podría salir en 17 meses, pero la ignominia del carcelazo pesará para siempre sobre la casa real. En países como el nuestro mucho corrupto cumple la pena en sitios de reclusión sin rejas y en condiciones privilegiadas e infortunadamente cuando quedan libres por pena cumplida salen a disfrutar del producto de su asalto a las arcas públicas y peor aún, mientras permanecen presos sus familiares más cercanos resultan elegidos en los cargos vacantes por la condena que se les ha impuesto, en elecciones y la cadena de corrupción no se detiene. Esa práctica infortunadamente no puede incluirse en las preguntas de la consulta, no porque sea tarde para hacerlo, sino porque no se puede presumir que los herederos de los corruptos también lo son, aun cuando la realidad nos haya demostrado lo contrario y nos esté permitiendo ver que ese flagelo de la sociedad no tiene clase, incluido el otrora “yerno de oro” de un rey.
