La lógica del terror

Sería arbitrario en nuestra condición de víctimas no desear una paz justa y duradera. Lo que rechazamos es una paz precaria, sin verdad y reparación a víctimas y sin juzgamiento a victimarios. Una paz con olvido e impunidad absoluta. Por estas convicciones, reconocemos –así como hemos criticado algunas posturas del gobierno– su decisión de conminar a las FARC a revelar sus verdaderas intenciones en las negociaciones, luego de sus salidas en falso sobre el secuestro de miembros de la fuerza pública, “para no hacerle perder tiempo al gobierno ni a los colombianos”. La guerrilla sentenció por propia mano el proceso y podrían enfrentar un costo político sin precedentes, sólo comparable con los fiascos del “canje humanitario” o los “cese de hostilidades”. Coincidimos en que las FARC no pueden ocultar delitos de lesa humanidad, tras eufemismos de “prisioneros de guerra” o “retenidos en combates”. El gobierno debe exigir una explicación sobre los secuestros a escasos días de levantar su “alto al fuego". En especial, el de los 2 uniformados en el Valle, presumiblemente asesinados de acuerdo con versiones en la región. Pero, además, que se retracten del comunicado en el que afirman que continuarán con la práctica del secuestro. Y, por supuesto, reclamar la liberación de los 400 civiles que niegan tener y respuestas sobre los desaparecidos. Pero si estas demandas son vitales para la suerte del proceso, no lo es menos la urgencia de una postura más clara del gobierno, para que la guerrilla renuncie de manera permanente al terrorismo y a secuestrar civiles, policías y militares. Insisto: debió ser el punto de partida para negociar. Es la forma de evitar que capitalicen esas brutales acciones, como lo han hecho en el pasado, para llevarnos al denigrante pulso por los “canjeables”. Un atajo para aumentar su poder de negociación y conseguir el “cese bilateral al fuego” y un “Tratado de regularización del conflicto”−léase: excarcelación de “farianos” condenados por narcotráfico, asesinato, violaciones, terrorismo, extorsión y secuestro. Pero, además, para imponer su reforma agraria expropiatoria y tomar un respiro para rearmar sus exiguas fuerzas. Las FARC vuelven a trasgredir el acuerdo. Vuelven a engañar al país con viejas fórmulas, estas sí “truculentas”, para enredar las negociaciones. Deberían recordar el fracaso del “secuestro político” –que desarrollaron desde 1997 para exigir canjes humanitarios– y el efecto bumerán, ante el repudio internacional y las masivas movilizaciones de desprecio de los colombianos que, a la postre, las obligaron a las liberaciones unilaterales. Una larga historia de errores tan costosos como inútiles. Páginas dolorosas, pero también victoriosas para nuestro Ejército, con sucesivas derrotas para la guerrilla, fugas y rescates de secuestrados, con un saldo desastroso para sus filas. Auto-minaron su terreno militar y político, quedaron aisladas con la Política de Seguridad Democrática y recibieron la proscripción de los gobiernos extranjeros que habían obrado como sus garantes. Hoy repiten el esquema. Malo para ellos y malo para el país. Esta sociedad hizo un alto en el camino para concederles una última oportunidad. Las FARC deberían ser cuidadosas en la manera como responden, para evitar un descalabro temprano en las negociaciones y el retorno al despeñadero donde se encontraban. Deben entender que no pueden convertir la búsqueda de la paz en una táctica de guerra, en una farsa para legitimar lo indefensable y en una burla para la ciudadanía. Desafortunadamente, la única lógica que pretenden imponer las FARC es la del terror: su único lenguaje. Sin darse cuenta que la mayor restricción al proceso la impone la opinión pública. El gobierno debe exigir el regreso de los uniformados y de todos los secuestrados a sus hogares. Mantener el proceso en La Habana sin hacer estas exigencias es tanto como justificar el secuestro y el terrorismo. El país no está para Tratados de humanización de la guerra, sino para acabar el conflicto. Al menos fue el propósito del gobierno.