La otra cara de la moneda

19 de abril del 2011

Agro Ingreso Seguro no fue una mala idea. El actual gobierno del presidente Santos le ha dado continuidad con nombre ajeno y algunos cambios particulares. No es maquiavélico que el Estado inyecte recursos al desarrollo del campo colombiano para fortalecer la productividad de los agricultores del país. La decisión de conducir el sector agropecuario hacia un escenario de competitividad internacional es admirable y merecedora de un apoyo claro y contundente. El problema aflora cuando nuestros compatriotas manipulan las herramientas del Estado para alcanzar ambiciones personales y enriquecerse a costas del erario. La tragedia tiene como origen el alto resquebrajamiento moral de la sociedad, que a través de malabares y atajos, y con la omisión cómplice de funcionarios públicos, logra poner el patrimonio público al servicio del interés particular y no del bienestar general. Los últimos días la justicia nacional, ha complacido su deseo mediático, impartiendo juicios y condenas extravagantes contra funcionarios del Ministerio de Agricultura de la época, que me atrevo a decir, son dueños de una responsabilidad menor en la contaminación y desviación de una buena idea.

Sobre el exministro Juan Camilo Salazar, se dice que podría llegar a pagar hasta 50 años de cárcel, los jefes de la oficina jurídica y a la exdirectora de comercio y financiamiento también sufrirán penas importantes. No obstante, las decisiones de la justicia no sólo parecen exageradas, sino que carecen de integridad y absurdamente no abarcan a quienes distorsionaron los propósitos del programa. Los prohombres que de manera infame parcelaron sus grandes fincas para obtener más recursos atentando contra el sentido social del proyecto, hoy permanecen tranquilos. Esos, que arrendaron hectáreas de sus fincas a familiares, para alcanzar mayores beneficios, manipulando los requisitos del proyecto estatal, seguramente no pagaran un solo día de cárcel.

Los cacaos económicos de las regiones colombianas, con todo tipo de artimañas, se apropiaron de recursos que nos pertenecen a todos, ignorando los más mínimos estándares éticos y morales que deberían regir la relación entre sector privado y público en Colombia. Y hoy, quienes pagarán por semejante desfachatez son cuatro jóvenes, que aunque seguramente faltaron a ciertas normas y pecaron por omisión y excesiva confianza, resultan cuasi inocentes a lado de la crema del poder económico y político de este país. Aquella élite, que pisoteó Agro Ingreso Seguro, pero continúa perpetuada en los tronos regionales. Caciques, antítesis de lo impoluto, que sólo han sido molestados con tímidos y simples llamadas a indagatoria, no proporcionales con la gravedad de sus faltas. Multimillonarios terratenientes, o títeres de la discordia, que como máxima sanción sólo han tenido que devolver los recursos, sin responder penalmente, por la presunta violación de las condiciones legales que en el papel planteó Agro Ingreso Seguro en un comienzo.

El reto de la justicia nacional no es la excesiva participación en la prensa y los medios de comunicación. La motivación de los juicios no puede ser complacer un momento de fama. Si ese es el camino que se ha tomado, el destino hacia el que andamos no es el ideal. Las lecciones que le debe dejar el aparato judicial a nuestro país, se lograrán, sólo si sancionan a quienes idearon un sistema fraudulento de atajos para evadir los requisitos legales de un programa estatal. La justicia debe perseguir y castigar a los arquitectos de la trampa que atropellaron  la correcta ejecución del patrimonio público, y no limitarse a condenar a cuatro subalternos que erráticamente creyeron contribuir a un programa de gobierno en el que confiaban, pero que nunca tomaron como suyos los recursos públicos, ni obtuvieron beneficio político o electoral de su aparente omisión. Esta última, que no deja de ser motivo de rechazo e indignación por parte de la sociedad civil, pero tiene como origen una acción perversa,  que como van las cosas, desafortunadamente permanecerá impune.

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