El término “podripolítica” es acuñado por Alberto Casas Santamaría, así como hemos hablado de parapolítica, farc-política y otras combinaciones ulcerosas.
Dice Casas –alguna vez representante a la Cámara y hoy comentarista de radio en la W- que para limpiar la política solo hay un camino: más política. “Pero, claro, tiene que ser una política que limpie y que cambie para que la gente crea. Si no creemos, no hay país. Si la política no cambia, la corrupción nos liquida. Sin política de la limpia, no hay gobernabilidad. Ordenemos ya un escáner para Colombia y empezaremos la quimioterapia: hay que extirpar el tumor de la “podripolítica”.
Casas, cachaco consagrado, utiliza la palabra “guácala” para referirse a la política y escribe en la revista Bocas:
-Los colombianos estamos mamados de la política. No queremos saber nada de quienes se dedican a ese oficio repugnante, con excepción del “amigo” a quien sí le creemos porque es amigo y honesto: lo que dicen de él, acusándolo de todo lo imaginable, es una mentira elaborada por enemigos corruptos.
¿Por qué llegamos a ese rechazo tan generalizado? ¿A qué horas pasamos de la admiración –que se manejaba en la época de Laureano Gómez o Alberto Lleras– al rechazo no solo de los políticos, sino también de la actividad? ¿En qué momento se perdió la majestad del servicio público? Porque hasta la década de 1960 los miembros del Congreso y del alto gobierno eran vacas sagradas.
Los comienzos del rechazo
Todo principia –explica Casas- con la reforma constitucional de 1968, muy respetable y conveniente en su contenido, pero que para obtener las mayorías renuentes, sacrificó la sana política y convirtió la burocracia en botín. Para su aprobación hubo que otorgarle al Congreso la iniciativa de fijar sus propios gastos, lo cual facilitó el abuso de un poder que se ha aprovechado al máximo.
Primero vinieron los supernumerarios, que tenían autorización de permanecer en sus pueblos natales para servir de agentes electorales y comisionar a un conocido residente en Bogotá para cobrar el estipendio correspondiente. También se suprimieron las limitaciones que existían para que los parlamentarios pudieran decretar continuos aumentos de dietas. Esos esperpentos se corrigieron parcialmente, pero el gigantismo burocrático –y, por tanto, fiscal– se desbordó. Y lo más grave es que se aceptó tácitamente que la burocracia fuera la “moneda” para pagar el trabajo electoral.
Que desaparezcan las palancas
En este punto, vale la pena preguntar: ¿quién es el mayor empleador de Colombia? La respuesta es fácil: el Estado. La gente se queja cada vez más de los servicios que presta el Estado, pero por otro lado es esa misma gente la que solicita recursos para que el Estado cubra cada vez más servicios. Las aspiraciones de la clientela son insaciables y las nóminas del Estado crecen y crecen. Ahí sí no importa la pérdida de confianza. Así lo ha recordado con frecuencia el ministro de la Salud, Alejandro Gaviria, quien aunque se ha desempeñado con lujo de competencia y vocación intachable de servidor público, sufre la injusta y equivocada calificación de las encuestas.
El dominio de la burocracia sobre la sociedad es inmenso. El mecanismo de hacerse empleado a punta de respaldo político –la conocida “palanca”– no garantiza fidelidad con el patrocinador: el funcionario enganchado se afilia al sindicato de la institución a donde llega y el patrocinador desplazado necesita reemplazar el cupo del tránsfuga con un nuevo aspirante.
¿Cuál fue el origen de los poderosos sindicatos que hoy organizan los grandes paros de maestros y de funcionarios del poder judicial? ¿Y cuál fue el origen de los sindicatos de Telecom y la Caja Agraria, instituciones que desaparecieron porque se las comió la burocracia?
Burocracia y corrupción
Si queremos acabar con ese diabólico contubernio se requiere recuperar el régimen del servicio civil y especializar el oficio de tal manera que solo lleguen a ser funcionarios quienes demuestren su capacidad para ejercer el cargo. Eso significaría eliminar de raíz prácticas como “la palanca” y otra que es peor aún, la venta de los puestos. Los cambios de gobierno, aun si los resultados electorales favorecen a la oposición, deben producir cambios únicamente en los puestos de dirección política y en los que la ley señale de libre nombramiento y remoción.
