“La privacidad es para los pedófilos”, dijo un exeditor del News of the World. “Solo la necesitan las personas malas para hacer cosas malas”, indicó en la audiencia ante el parlamento inglés. “En 21 años que invadí la privacidad de la gente, nunca me encontré con algo bueno”, dijo. “Saber la verdad justifica chuzar los teléfonos de la gente poderosa”, remató el sinvergüenza.
La declaración de Paul McMullan en los debates sobre las escuchas que hizo el difunto periódico de Rupert Murdoch demostró que el News of the World estaba dispuesto a pasar por encima de cualquier código ético con tal de encontrar historias sobre las celebridades. Cometieron delitos, y hay que ser idiota para tratar de justificar la ilegalidad. Sin embargo, después de que la semana pasada el expresidente Uribe fue sorprendido hablando mal de Santos en lo que según él era su privacidad, me quedó rodando en la cabeza una pregunta: ¿será la privacidad un invento de los poderosos para protegerse de que les publiquen su ropa sucia?
La respuesta, una vez más, no es clara. Y son más las preguntas que tengo. Porque es un tema complejo. La privacidad es un derecho fundamental, sí. Pero no siempre es buena: muchas cosas malas pasan por debajo de cuerda. Y el caso de Uribe –el cual dejó en evidencia la campaña sucia del ex en contra de su sucesor– demostró que, a veces, publicar conversaciones privadas se justifica. Pero ¿cuándo? ¿En qué casos? ¿Por qué Uribe no tiene derecho a la privacidad mientras que las celebridades sí? ¿Dónde está la línea que traza la vida privada de una figura pública?
La ley en Colombia es particularmente benévola con los personajes públicos. Para poner un ejemplo: si yo me encuentro un video de Uribe engañando a su esposa con otra mujer, me pueden meter a la cárcel, según el Código Penal. ¿No es esto absurdo? ¿No deberían los políticos ser coherentes con sus discursos?
Hace unos días, varios periodistas cuestionaron la relación de la fiscal Viviane Morales con un exguerrillero, Carlos Alonso Lucio. Se preguntaban si el noviazgo afecta su capacidad de juicio como funcionaria pública. Y ese es uno de los matices que la ley suele aceptar: si la idoneidad de un político se ve afectada por su vida privada, que publiquen. Ahora: ¿eso qué significa? ¿Acaso la fiscal está cometiendo un acto ilegal? No, y por eso ella no tiene nada por qué responder. ¿Eso quiere decir que no podemos comentarlo?
Y ¿qué pasa si no se trata de funcionarios del Estado? Acá la película también es gris.
El caso del Bolillo Gómez dice mucho, porque el abuso sexual o la violencia doméstica son crímenes que muchas veces se han justificado con este derecho. Los argumentos de privacidad cuando el Bolillo golpeó a una mujer sonaban absurdos. No obstante, el DT sí estaba en su privacidad. Pero es una figura pública. Y una que da ejemplo. Así la mujer no presentara cargos, el Bolillo debía responder por los hechos. Gracias a que los periodistas violaron su privacidad, respondió.
Se supone que la información que publica un medio debe estar basada en lo que la gente quiere saber. Es lo que llaman interés público. En ese sentido, un video sexual de una celebridad –que también es una figura ejemplar para muchos– debería ser publicable. No en Colombia. Y de ahí que Graciela Torres haya tenido que pagarle 86 millones de pesos a Luly Bosa por publicar un video íntimo.
Se suele decir que el límite para publicar los actos privados de una figura pública es si esos actos tienen connotaciones públicas; es decir, si afectan a mucha gente. Sin embargo –y este ha sido el gran argumento de los periodistas ingleses hace décadas– no solo se trata de realizar actos ilegales o que afecten a un colectivo de gente. Se trata, también, de dar ejemplo. Y de no ser hipócritas: si una persona se vende en público como una figura de bien, lo mínimo es que su vida privada lo corrobore.
Otro elemento que siempre me ha llamado la atención es que los periodistas no sean sometidos a este examen público de sus personalidades. El caso de las chuzadas en Inglaterra da fe de lo importante que es saber lo que hablan en sus salas de redacción. Que su trabajo sea juzgar a los políticos, además, me hace pensar que ellos también deben ser coherentes. Los periodistas, así como los políticos, son figuras de poder que deben dar ejemplo. En Colombia, sin embargo, nadie sabe nada de la vida privada de los periodistas (salvo, bueno, lo que sale en las sociales). Y el que lo publique, olvídese de encontrar trabajo en un medio.
El que nada debe nada teme. Y bajo esa lógica las figuras públicas no tienen porqué temerle a la publicación de sus vidas privadas. Que lo escondan es más sospechoso.
Según McMullan, el vehemente periodista citado arriba, los medios deberían poder publicar lo que quieran y la gente debería ser quien juzgue si eso debe ser leído o no. Eso es, más o menos, lo que pasa en Estados Unidos: el público tiene la libertad de consumir lo que quiera. Casi siempre, claro, escogen leer sobre la vida privada de los poderosos y de ahí se desprende otro problema: si la gente solo quiere leer chismes, ¿les damos más chismes? Con eso, el papel democrático de la prensa se perjudicaría.
Como decía, el debate no es sencillo. Yo pienso que las elites poderosas deben ser cuestionadas por los medios. En lo público y en lo privado. Pienso que, además, los periodistas también deberían ser sometidos a ese cuestionamiento. Y pienso que, entre más leyes se le adjunten al derecho a la privacidad, más serán los delitos que los poderosos cometerán a nuestras espaldas. Yo pienso que, si un periodista se encuentra una foto de Uribe con otra mujer, la ley debería respaldar su publicación. Igual, eso es solo lo que yo pienso.
