¿La reelección fomenta la corrupción?

Todos sabemos los efectos nefastos que ha generado la corrupción en el desarrollo de Colombia y hemos sido testigos de cómo las regalías nuestros recursos naturales desaparecen en piscinas de olas, canchas de fútbol, ciclo vías, bibliotecas e inclusive velódromos. Pero nos cuestionamos poco sobre las causas de la corrupción. Un estudio hecho por el economista brasilero Claudio Ferraz sobre el impacto que tiene la reelección inmediata de alcaldes de Brasil en la corrupción, encontró que los alcaldes con incentivos para reelegirse malgastaban en 27% menos los recursos públicos que los gobernantes que no aspiraban un segundo mandato. El estudio presenta la reelección inmediata como una posible salida para corregir el malgasto de los fondos transferidos a los municipios en Brasil durante el primer periodo de los gobernantes. En este sentido, un alcalde con interés de reelegirse prefiere invertir mejor el dinero público y mostrar los frutos de su gestión para lograr la reelección. Los resultados de la investigación muestran como por causa de la corrupción US$ 554 Millones de Dólares fueron malgastados en los gobiernos locales en 2002. Su estudio lo hace a partir de un proyecto de auditoría de gastos que el entonces presidente, Luiz Ignacio Lula da Silva implementó en los municipios de Brasil. Lo interesante en el estudio es resaltar la importancia que tiene la variación de los sistemas electorales en la corrupción y como ésta termina siendo una causa fundamental del problema de corrupción que viven muchos países, sobre todo aquellos donde los medios de comunicación son controlados por las elites, su sistema judicial es débil y dependen económicamente de materias primas. Entonces vale la pena repensar el tema porque si un sistema electoral que permite la reelección inmediata ayuda a reducir la corrupción en el primer periodo administrativo, ¿cuál sería en incentivo para reducir la corrupción durante un segundo mandato? En otras palabras, la reelección puede ser un arma de doble filo, porque si en el primer periodo ayuda a contrarrestarla, en el segundo puede fomentarla aún más. En el de los presidentes se puede constatar con más claridad como tienden a aprovecharse de la situación porque ya no tiene escalones políticos más altos que alcanzar y ya van a terminar sus periodos administrativos. Tal fue el caso de Alberto Fujimori y Montesinos en Perú, Carlos Menem en Argentina, y recientemente los casos de corrupción del ex presidente Álvaro Uribe y sus hijos. Ahora, tratando de prever cómo el malgasto de fondos puede darse en Colombia y teniendo en cuenta como la economía del país sigue dependiendo de las regalías que le quedan de la explotación de sus recursos naturales (a mayo de 2013, 69% de los productos exportados de Colombia son petróleo, derivados del petróleo, carbón, ferroníquel y café), vale la pena preguntarse ¿cómo la reelección de Santos puede afectar el manejo de esos recursos durante una posible segunda administración? El cuestionamiento es válido porque en la nueva ley de regalías la evaluación y aprobación de los proyectos de inversión va a corresponder a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión y no a los líderes locales directamente. Lo que calificó el presidente Santos como "los triángulos de buen gobierno". En otras palabras, la administración de los dineros que transfieren de las regalías (ahora divididas en 50% para las regiones productivas y 50 % para el Fondo Nacional de Regalías, o sea, para el desarrollo de las regiones no productivas)  va a estar bajo la coordinación de estos Órganos Colegiados compuestos por alcaldes, gobernadores y delegados del Departamento Nacional de Planeación y los ministerios correspondientes. Hecho que reduce la soberanía de los gobernantes locales sobre esos recursos apoyándose sobre el argumento del malgasto de fondos transferidos de los gobiernos locales en proyectos innecesarios. Pero el nuevo Sitema General de Regalías tiene un “mico”, se trata de la ley 1606 de 2012, donde los proyectos de inversión de los Fondos de Desarrollo Regional y del Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación y los proyectos con cargo al 60 % del Fondo de Compensación Regional deberán contar con la aprobación del Gobierno Nacional y sus delegados. Actuando en contravía de la descentralización de los recursos que se quiso promover con el nuevo Sistema General Regalías (ley1530 de 2012) y dejando en las manos de delegados de los ministerios la suerte de estos recursos. En consecuencia, disolviendo la responsabilidad sobre los fondos en mandos medios, como si más burocracia fuera la salida al problema de corrupción que analizado previamente tiene como motor principal un sistema electoral que permite la reelección inmediata presidencial. En palabras coloquiales, como los gobernantes locales no saben qué hacer con esa plata y la malgastan, el gobierno nacional se hace cargo de la aprobación y asignación de recursos por medio del derecho al veto que le permite la reforma al Sistema General de Regalías mencionada. El riesgo que se avecina en un contexto de reelección presidencial es que dado que el sistema electoral permite la reelección inmediata y el gobierno nacional tiene la ley de regalías a su favor, el futuro de esos dineros provenientes de las regalías puede estar comprometido a causa de los intereses electorales del gobierno nacional. ¿Ocurrirá algo parecido a lo el gobierno menciona que pasa en el ámbito regional con los recursos públicos? Si un sistema electoral no actúa como barrera para la corrupción sino que la fomenta, y un país no cuenta con un sistema judicial sólido que haga cumplir la ley, y no hay medios de comunicación independientes que denuncien hechos corruptos, es difícil contrarrestar el problema y la cuestión se transforma en un carácter estructural dependiente sobre todo de un sistema electoral.