La marcha del 6 de diciembre convocó a la sociedad, una vez más, a repudiar el crimen de guerra cometido por las Farc contra los cuatro uniformados que había secuestrado hace más de 12 años, sin olvidar los vejámenes y la violencia sin sentido, que ha protagonizado ese grupo terrorista contra los colombianos durante medio siglo. Pero “la calle”, que el 4 de febrero de 2008 sirvió para marcar un hito en el despertar de la protesta, esta vez no fue tan multitudinaria, tan rotunda, tan contundente. Prefiero pensar que la lluvia espantó los ánimos, en lugar de creer que a una parte de esta sociedad la está devorando una disfunción moral, que le impide reprobar la barbarie.
¿Qué está pasando? ¿Por qué no exhibimos el mismo rechazo que mostramos ayer para condenar el terrorismo? Ya lo hicimos contra los crímenes del paramilitarismo. Esta sociedad no dudó en descalificar sus atroces métodos y su brutalidad. No hubo ningún actor ni estamento público o privado, que no rechazara cualquier espacio que pudiera servir para reivindicar sus acciones. Sin embargo, no sucede igual con los crímenes de las Farc. ¿Por qué ese relativismo moral?
Al parecer ha prosperado el activismo de algunos sectores de la opinión, interesados en desplegar una ideología de tolerancia hacia la guerrilla. Pero a sus discursos reivindicativos, las Farc agradecen con un bombazo, masacre o secuestro. Entre tanto, en el plano político ha echado raíces la ambigüedad y otra vez se oyen propuestas de diálogo que le hacen flaco favor al empeño de alinderar esfuerzos y cerrar filas contra el terrorismo.
Las enseñanzas de España son elocuentes. La dimisión de las armas de ETA, no fue el fruto de una negociación, ni del triunfo operativo de esa organización. Sus derrotas militares, políticas y morales precipitaron sus bases. La contundencia de las fuerzas de seguridad, una justicia operante, la proscripción de Batasuna y la condena a rabiar de la sociedad ibérica contra el terrorismo y su apoyo al Estado –incluso desde la izquierda Abertzale–, hicieron irreversible su desplome. Como escribió Santiago Montenegro: fue “un triunfo completo del Estado y la democracia española y una derrota del terrorismo”.
El grito de la sociedad española fue nítido y sin concesiones al terrorismo. “Deben rendirse incondicionalmente y pedir perdón a las víctimas”, han dicho. Colombia no puede dejarse engañar otra vez. La demanda de las Farc para un nuevo diálogo, en la conferencia de la recién inaugurada Celac, es una desfachatez a pocos días de haber cometido un crimen de guerra. Esta sociedad tiene derecho a no creer después de década de chantajes, discursos apolillados y de un conflicto, marcado por las agresiones terroristas de las Farc, que se prolongaron y degradaron injustificadamente.
No estamos ante rebeldes, estamos ante criminales y para ello existe una legislación, aunque moralmente parece pesar más en la comunidad internacional que en la sociedad colombiana, al decir del intento de reforma constitucional para establecer un nuevo marco legal para la Paz y la Justicia Transicional, que le permitiría a los miembros de grupos armados que se desmovilicen –gracias a un proceso de paz– ser elegidos o nombrados en cargos públicos.
¿Qué vamos a decir a las víctimas? ¿Cómo vamos a pasar por alto el Derecho Internacional Humanitario, los protocolos de Ginebra y la Corte Penal Internacional? Los crímenes de lesa humanidad ya no prescriben. Volvemos a tambalear, dudamos y si algo sabemos es que la duda mata. Y, mientras tanto, después de nueve años de la más fuerte arremetida contra las Farc, su frente 41 vuelve a poner un retén en Becerril-César con saldo de varios vehículos incendiados.
@jflafaurie
