Estuve visitando a los trabajadores de las empresas trasnacionales que explotan la minería a cielo abierto en el centro del Cesar. También visité a varias comunidades que han sufrido los estragos al estar ubicadas a pocos kilómetros de las gigantescas minas.
El paisaje en esas zonas del país se ha transformado de forma radical. Ocho enormes cráteres han destruido la vieja y productiva sabana del Cesar, en un área de 95 mil hectáreas explotadas por empresas como Drummond y Glencore. "Llegaron las grandes máquinas y lo destruyeron todo", así me lo dijo un campesino, mientras observábamos la devastación.
Toneladas de carbón son extraídas a diario y llevadas a los puertos en Santa Marta, en un tren de 120 vagones que circula 48 veces al día de ida y vuelta. Dos veces por hora, los habitantes de la región sienten el paso del ruidoso convoy, que no es la “locomotora del progreso y la prosperidad” que anuncia el gobierno actual, sino el oscuro fantasma que deja una estela de hollín y enfermedad cuando pasa.
Es el caso de las comunidades de El Hatillo, Boquerón y Plan Bonito, enfermas desde hace diez años. Sus habitantes dicen que en esos caseríos no se han visto las regalías jamás, que abunda la prostitución de adultos y niños, y que los jóvenes no tienen otras perspectivas distintas a las de las minas, terminando discapacitados a muy temprana edad por las enfermedades pulmonares, pues los tiempos en los que vivían de la pesca llegaron a su fin.
Contrario a la promesa del desarrollo a través de la explotación minera, luego de 23 años de explotación de carbón a cielo abierto en su territorio, el Gobierno ha ordenado el reasentamiento de esas tres poblaciones debido a los altos niveles de contaminación. No obstante, las soluciones no parecen estar cerca. A pesar de las resoluciones expedidas en 2010 por el Ministerio de Ambiente, que ordenaron el reasentamiento en el término de dos años, éste no se ha cumplido.
En el plano de los derechos laborales, el panorama no es mejor. Son miles de discapacitados despedidos, mutilados, perseguidos por su actividad sindical o desprotegidos por la legislación laboral, que contradicen las promesas de empleo digno que llegan con estas empresas.
Los trabajadores de Drummond que cumplen un mes en huelga reportan alrededor de 800 empleados con graves enfermedades respiratorias. Denuncian que cuando las empresas necesitan recortar la nómina, eligen a los trabajadores más enfermos para despedirlos, pues con ello se libran de la responsabilidad que les cabe en su atención y recuperación. Para motivar esos despidos, los empleados manifiestan que la empresa recurre a toda clase de métodos, hasta el punto de lograr la manipulación de las historias clínicas que reposan en los hospitales donde reciben los diagnósticos.
Los derechos sindicales se han vuelto cada vez más difíciles de ejercer. La empresa ha llegado al punto, según denuncian los trabajadores, de enviar comisiones a sus hogares para presionar a sus familiares sobre la inconveniencia de la actividad sindical, eso sumado a la presión que ejercen grupos paramilitares en la región, de los cuales se conocieron amenazas en los meses de abril y agosto del presente año.
También está el caso de los trabajadores de la Mina La Francia, quienes hace casi ocho meses permanecen en huelga reclamando la sustitución patronal, ante la suspensión ilegal de sus contratos por un conflicto entre la empresa Colombian National Resources, titular de la mina, y el Consorcio Minero del Cesar, la empresa operadora. Las empresas amenazan con evacuarlos a través de una acción administrativa.
Estas tres situaciones descritas permiten concluir que son más los perjuicios que los beneficios que la gran minería deja en las zonas donde ejerce su actividad. Son territorios vedados para el control del Estado. No hay verificación por parte de los organismos competentes sobre los daños irreversibles al medio ambiente, no existe control por parte del Ministerio de Trabajo sobre las violaciones a los derechos laboral y sindical, además los grupos ilegales pregonan su apoyo a las empresas en la región, mientras amenazan a sus trabajadores.
Un espectáculo de semejante dimensión y gravedad no puede ser el reflejo de una ‘locomotora del progreso’, ni del desarrollo de una región, sino más bien de la devastación. Por eso, es imperativo que desde todos los escenarios posibles se emprendan acciones decididas para exigirle al Gobierno Nacional una política minera seria y responsable que comprometa a la inversión extranjera con el cumplimiento de la ley, y con un mínimo de respeto por las comunidades que lo están perdiendo todo, hasta el derecho a respirar un aire puro.
Toneladas de carbón son extraídas a diario y llevadas a los puertos en Santa Marta, en un tren de 120 vagones que circula 48 veces al día de ida y vuelta. Dos veces por hora, los habitantes de la región sienten el paso del ruidoso convoy, que no es la “locomotora del progreso y la prosperidad” que anuncia el gobierno actual, sino el oscuro fantasma que deja una estela de hollín y enfermedad cuando pasa.
Es el caso de las comunidades de El Hatillo, Boquerón y Plan Bonito, enfermas desde hace diez años. Sus habitantes dicen que en esos caseríos no se han visto las regalías jamás, que abunda la prostitución de adultos y niños, y que los jóvenes no tienen otras perspectivas distintas a las de las minas, terminando discapacitados a muy temprana edad por las enfermedades pulmonares, pues los tiempos en los que vivían de la pesca llegaron a su fin.
Contrario a la promesa del desarrollo a través de la explotación minera, luego de 23 años de explotación de carbón a cielo abierto en su territorio, el Gobierno ha ordenado el reasentamiento de esas tres poblaciones debido a los altos niveles de contaminación. No obstante, las soluciones no parecen estar cerca. A pesar de las resoluciones expedidas en 2010 por el Ministerio de Ambiente, que ordenaron el reasentamiento en el término de dos años, éste no se ha cumplido.
En el plano de los derechos laborales, el panorama no es mejor. Son miles de discapacitados despedidos, mutilados, perseguidos por su actividad sindical o desprotegidos por la legislación laboral, que contradicen las promesas de empleo digno que llegan con estas empresas.
Los trabajadores de Drummond que cumplen un mes en huelga reportan alrededor de 800 empleados con graves enfermedades respiratorias. Denuncian que cuando las empresas necesitan recortar la nómina, eligen a los trabajadores más enfermos para despedirlos, pues con ello se libran de la responsabilidad que les cabe en su atención y recuperación. Para motivar esos despidos, los empleados manifiestan que la empresa recurre a toda clase de métodos, hasta el punto de lograr la manipulación de las historias clínicas que reposan en los hospitales donde reciben los diagnósticos.
Los derechos sindicales se han vuelto cada vez más difíciles de ejercer. La empresa ha llegado al punto, según denuncian los trabajadores, de enviar comisiones a sus hogares para presionar a sus familiares sobre la inconveniencia de la actividad sindical, eso sumado a la presión que ejercen grupos paramilitares en la región, de los cuales se conocieron amenazas en los meses de abril y agosto del presente año.
También está el caso de los trabajadores de la Mina La Francia, quienes hace casi ocho meses permanecen en huelga reclamando la sustitución patronal, ante la suspensión ilegal de sus contratos por un conflicto entre la empresa Colombian National Resources, titular de la mina, y el Consorcio Minero del Cesar, la empresa operadora. Las empresas amenazan con evacuarlos a través de una acción administrativa.
Estas tres situaciones descritas permiten concluir que son más los perjuicios que los beneficios que la gran minería deja en las zonas donde ejerce su actividad. Son territorios vedados para el control del Estado. No hay verificación por parte de los organismos competentes sobre los daños irreversibles al medio ambiente, no existe control por parte del Ministerio de Trabajo sobre las violaciones a los derechos laboral y sindical, además los grupos ilegales pregonan su apoyo a las empresas en la región, mientras amenazan a sus trabajadores.
Un espectáculo de semejante dimensión y gravedad no puede ser el reflejo de una ‘locomotora del progreso’, ni del desarrollo de una región, sino más bien de la devastación. Por eso, es imperativo que desde todos los escenarios posibles se emprendan acciones decididas para exigirle al Gobierno Nacional una política minera seria y responsable que comprometa a la inversión extranjera con el cumplimiento de la ley, y con un mínimo de respeto por las comunidades que lo están perdiendo todo, hasta el derecho a respirar un aire puro.
