Pletórico de alegría, henchido de emoción e inmerso en júbilo por el pronunciamiento, celebro que la Fiscalía General de la Nación haya llamado a rendir cuentas a los 17 terroristas políticos del Concejo de Bogotá. Luego de mi exigencia categórica acerca de la divulgación de los nombres de esos prohombres a través de los medios de comunicación y de dedicar buena parte de mis columnas a ese tétrico escándalo de corrupción administrativa del Distrito Capital, fui oído y hoy ya sabemos quiénes son los implicados en esta infamia ciudadana. Mi objetivo ante las cámaras, en los debates, en la radio, en medios escritos y en algunas de mis columnas de Kienyke, fue que el elector no siguiera siendo revictimizado y engañado vilmente, pues se oían versiones acerca de la participación de más de 12 Honorables Concejales en la macabra historia liderada por el buen Sammy y su séquito, pues no hay derecho a que acudamos a las urnas con los ojos vendados a votar por las mismas joyas de la corona capitalina que nos han venido desangrando sistemáticamente y nos han dejado sin oportunidades de vivir dignamente, en una ciudad digna y con representantes dignos del voto.
Era obvio que se veían venir las réplicas de estos sujetos, entre otras cosas por el derecho que les asiste a su defensa y al debido proceso. Pero más allá de eso, salen a decir que no es más que una campaña de difamación y desacreditación que pretende enlodar su reputación, publicando argucias que perjudican sus impolutos nombres. En su defensa, como era obvio, uno de los primeros en saltar es Enrique Peñalosa, pues sin duda es el candidato que se ve más afectado por tener la mayoría de estos muchachos en su militancia partidista. Sale a decir el candidato a la Alcaldía por el partido “mixto” que el llamado a rendir cuentas al ente de instrucción de 9 de los 17 llamados, no significa absolutamente nada. Que eso no tiene ninguna clase de implicación jurídica y menos judicial, que sus hombres están siendo mancillados en sus intachables procederes. Esto solo obedece a tres razones: por una parte, es obvio que al norteamericano no le conviene en lo más mínimo tener la cifra mayoritaria en la cuota de cabildantes en el show. En segundo lugar, se evidencia la ignorancia frente al ordenamiento jurídico penal colombiano, y finalmente, porque en el caso de los concejales de La U es muy significativo porque precisamente fueron relacionados los cinco primeros electores de Bogotá de ese partido. Entre los seis del partido sumaron más de 75.000 votos en las elecciones de hace cuatro años. No nos digamos mentiras, detrás de esos votos es que estaba la campaña de Peñalosa. Éste tiene ahora que rendir cuentas políticas por los avales de sus “amigos” concejales de su coalición. Dicen que Peñalosa nunca fue amigo de concejales y que más bien por su prepotencia y poca empatía con ellos no había un lazo fuerte emotivo con su base y ahora le tocó ser querido.
Volviendo a lo jurídico yo me pregunto si la Dra. Viviane Morales al llamar a interrogatorio a más del 30% del Concejo de Bogotá, lo hizo de manera caprichosa, aleatoria o por simple chismorreo, para lo cual seguramente no tiene tiempo. Aclaremos: manifestó la Fiscal que la medida adoptada significa que los testimonios que han sido filtrados a la prensa, que salpican a algunos de estos concejales, le merecieron la suficiente credibilidad como indicios para por lo menos llamarlos a interrogatorio. El comunicado de la Fiscalía fue claro en eso, los investigadores encontraron indicios que exigen explicaciones. Existen indicios de lo cual se puede inferir una posible responsabilidad en la participación del carrusel de la contratación. Esto no es porque sí, o como dirían los costeños porque ajá. Mejor dicho, cuando el cabildo suena, carruseles lleva. Además, no son indicios caídos del cielo al despacho de la Fiscal, aunque para el elector son desprendimientos de la misma divinidad, se trata de las versiones de los implicados directos. Esto no es nuevo señores, lo vengo denunciado y exigiendo a la FGN hace ya tiempito, pues desde hace casi cuatro meses se escuchaban rumores sobre la investigación e, incluso, se hablaba de posibles capturas.
La versión de la investigación contra los concejales cobró fuerza cuando se conocieron las declaraciones del excongresista Germán Olano, el exjefe jurídico del IDU Inocencio Meléndez y el contratista Alejandro Botero, quienes, para colaborar con la justicia, señalaron el supuesto poder e influencia de los ediles. También hablaron de reuniones y supuestos nexos de algunos con la gran red de corrupción que se tejió en la capital del país.
Vale la pena recordarle al elector una vez más que de los 17 llamados, 16 buscan la reelección y pedirles encarecidamente que abran los ojos para votar bien, a conciencia y sin coacciones. Los nombres de la lista que deberá ser interrogada arrancando con el Gran Hipólito el 24 de octubre y que termina con el Dr. Torrado el 21 de diciembre incluye a Orlando Parada (Partido de la U), Jorge Salamanca (Partido Liberal), Jorge Durán Silva (Partido Liberal), Ómar Mejía (Partido Conservador), Javier Palacio (Partido de la U), José Juan Rodríguez (Partido Verde), Julio César Acosta (Cambio Radical) Rafael Alberto Escrucería (PIN), Andrés Camacho (Partido de la U), Wilson Duarte Robayo (Polo) Antonio Sanguino (Partido Verde), José Fernando Rojas (Polo), Fernando López (Cambio Radical), Henry Castro (Cambio Radical), Severo Correa (Partido de la U).
Y para que no se nos olvide que he venido haciendo estas solicitudes en procura de la democracia y del sagrado derecho al voto acá les dejo uno de los links de una de mis columnas en el cual solicito hago referencia a este escabroso tema de depravación y depredación administrativa en Bogotá.
Bueno, bueno! Aunque nos queda mucho por saber sobre ediles, líderes, funcionarios y contratistas y el resto de las mafias electorales, he logrado un gran avance cuando muchos decían que “eso antes del 30 no lo dicen”. ¡A votar bien muchachos!
La Dra. Viviane Morales
