Diga lo que se diga, estas elecciones presidenciales –las primeras del posconflicto– han sido las más pacíficas en la historia reciente de Colombia, al punto que esta segunda parte de la campaña ha estado tan calmada que hasta parece estar en pausa. Incluso, el pasado 27 de mayo, de las 95.224 mesas de votación instaladas en todo el país, solo 140 fueron trasladadas por emergencias climáticas, más no por amenazas o hechos de violencia.
Este dato nos muestra una de las virtudes de la firma de la paz: permitir el libre ejercicio del voto en todos esas zonas del país donde antes acudir a las urnas era impensable por el riesgo que representaba para la seguridad y la vida de los ciudadanos.
Pero además, imágenes históricas acapararon la atención de los medios de comunicación. A diferencia de la temible apariencia que mostraron durante años, en esta ocasión Timochenko y otros líderes de las Farc depositaron –por primera vez y con algo de torpeza– su voto en una elección presidencial.
En definitiva, fuimos testigos de cómo los exguerrilleros participaron de ese sistema democrático que por años atacaron; y de la absoluta libertad de todos los ciudadanos para ejercer su derecho al voto sin el riesgo de convertirse en otras víctimas del conflicto armado.
Paradójicamente, la implementación y continuidad de ese proceso de paz que nos permitió ver con esperanza las dos caras de una misma moneda, sigue siendo el centro de un debate interminable entre las campañas presidenciales en la segunda vuelta y –contrario a los deseos de muchos– la tarea imposible de esquivar de los congresistas.
¡Pero los avances son evidentes! Estamos hablando que durante el primer año del cese de violencia, pasamos de un promedio de 3.000 muertes al año a 78; se registró una reducción del 79% en los casos de desplazamiento forzado y un 92% menos de víctimas de minas antipersonales; las Farc desocuparon militarmente el 90% de los territorios en los que tenían presencia; y 123.000 familias colombianas suscribieron acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos.
Lastimosamente estos logros aún no garantizan la desaparición de todos los riesgos. Este país, plagado de cicatrices, no puede darse el lujo de desandar lo hasta aquí logrado con tantos esfuerzos. Los acuerdos de La Habana son inmodificables y el próximo Gobierno debe asumir la responsabilidad y cumplir con la obligación de mantener la paz como el activo más valioso de los colombianos.
El próximo 17 de junio lo que está en riesgo es la paz. Hoy mantengo la esperanza de que, sin renunciar a nuestros desencuentros, nos pongamos de acuerdo para seguir salvando a millones de compatriotas de la exclusión, la desigualdad y la violencia. Y es justamente esto lo que, como es costumbre, nos terminaremos jugando en las urnas.
