Aunque vivimos en una época globalizada y tenemos acceso a múltiples herramientas tecnológicas y de comunicación que facilitan las oportunidades de vida, para muchos niños, niñas y mujeres no ha llegado el día en que puedan gozar plenamente de sus derechos y libertades para tener un futuro prometedor.
Según un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de enero a septiembre del 2013 se presentaron 11.333 casos de abuso sexual en menores de edad, donde el 83% fueron a niñas. ¡El rango de edad en el que más se presentó este delito fue entre los 5 y 9 años! Y en el 39% de los casos el agresor fue un familiar de la víctima.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) manifiesta que en nuestro país cada hora dos niños son víctimas de abuso sexual. Esto sólo tiene en cuenta los casos reportados. “Es uno de los tres delitos que más afectan la niñez colombiana en el marco del conflicto”, añade el informe.
Como si lo anterior no fuera grave, el ICBF dijo en julio pasado que el delito de abuso sexual contra los niños creció en un 15%. ¡Esos son 4 mil 700 niños abusados sexualmente en el período de un año!
Desafortunadamente las cifras que hoy tenemos no son definitivas pues la mayoría de los casos no son denunciados, no solo por la poca confianza e impunidad que impera en nuestra justicia penal, sino porque el abuso sexual todavía es considerado una vergüenza familiar y social. Se estima que el 75% de las víctimas no se atreven a denunciar.
Adicionalmente, el abuso sexual contra menores conduce a otros factores sociales de mucha trascendencia en sus años posteriores. Por un lado, la víctima tiende a sufrir estrés post-traumático, ansiedad, agresividad y otros efectos que afectan e impiden su normal desarrollo como ser humano.
Por ejemplo: la probabilidad de pasar de víctima a victimario es del 30%, es decir, a agresor sexual en su vida adulta.
En el frente de la prostitución no hay mejores noticias. Según la UNICEF, la prostitución infantil crece en Colombia, aún en niños apenas mayores a los 10 años; más de 35.000 niños son víctimas de explotación sexual en Colombia, un negocio muy lucrativo y peligroso; es una puerta que se abre y difícilmente tiene retorno.
Otro factor social también epidémico en Colombia es el de embarazo en adolescentes y más si se encuentra debajo de la línea de pobreza. En el país, el 19.5% del total de embarazos en mujeres se da en menores de 18 años, ocupando el vergonzoso primer lugar en Suramérica. Lo grave es que la joven repite los mismos paradigmas de pobreza de sus madres, abuelas y generaciones anteriores, un ciclo muy difícil de romper y que necesita de toda la atención e intervención. Sobra decir que el embarazo en menores de edad es considerado de alto riesgo y es la primera causa de mortalidad en el mundo en niñas en edades entre los 12 a 18 años. Los efectos sociales son nefastos, incluyendo en las políticas públicas en salud.
Es imposible en mi trabajo ignorar la magnitud de este tema, más cuando frecuentemente nos llegan casos deplorables y aberrantes, en medio de la pobreza, que ya de por sí es un problema. Hace dos semanas conocí a Susi*, una dulce, inocente y hermosa niña de 11 años, con 6 meses de embarazo producto de una violación por parte del ex esposo de su abuela materna, su abuelastro de 55 años. No puedo borrar de mi memoria su historia y su rostro; reflejan el dolor y la crueldad por la que fue sometida.
Es una niña que por nada del mundo debería estar viviendo a su corta edad ser madre y mucho menos enfrentarse a una justicia que no opera eficazmente. A Susi le cambiaron la vida para siempre. Debe enfrentar su embarazo, como también el “señalamiento social”, las graves secuelas de una violación, la pobreza, y, como si fuera poco, la indiferencia de un sistema penal nacional, la justicia, que me temo, jamás le va a llegar.
Susi en algo ha tenido suerte: su madre, una mujer muy valiente.
Ambas interpusieron el denuncio del abuso desde noviembre de 2013 y el caso está en La Fiscalía Octava Seccional de Cartagena, Unidad CAIVAS (Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual). No obstante, como suele suceder, el caso no ha tenido mayor evolución, y lo peor, el victimario tiene una denuncia por el mismo delito desde el año 2002; en el año 2013 fue detenido y duró solo 15 días preso por falta de pruebas, donde la víctima tenía entre 14 y 15 años.
En otras palabras, poco ha pasado, tal cual sucede con miles de denuncias del mismo tipo, mientras que sus abusadores andan por las calles delinquiendo o peor aun, conviviendo con las víctimas. Hay que ver la celeridad con la que se tramitan en Colombia denuncias impuestas por personas de poder, pero en el caso de los niños y mujeres en condiciones de pobreza, víctimas de este flagelo, continúan a la espera de contar con el derecho a un debido proceso y que la justicia obre a su favor.
Todos los colombianos anhelamos vivir en un país pacífico, pero para poder tener una paz verdadera es importante comenzar por el principio: darle efectiva prioridad a nuestros niños. Y dado que la ley es para todos independientemente del nivel social, raza, género y religión, hay que empezar por los más pobres. Debemos repudiar casos como los de Susi y condenar al victimario con todo el peso de la ley, porque es la única manera de ejemplarizar el delito.
No se trata de implementar más leyes para la protección de la infancia y adolescentes en Colombia. Lo que realmente necesitamos es una justicia que actúe con la eficacia y la rapidez necesaria para que nuestros niños víctimas de abusos y violencia no tengan que esperar meses y tal vez años a que la justicia se pronuncie a favor. Colombia debe construir una base sólida para hacer respetar los derechos más básicos, además de exigir medidas efectivas para ponerle un fin definitivo a la impunidad. Si no comenzamos a trabajar en lo realmente importante, seguiremos perpetuando los mismos problemas que no permiten que haya una evolución social equitativa.
*Se cambia el nombre para proteger la identidad de la menor
Según un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de enero a septiembre del 2013 se presentaron 11.333 casos de abuso sexual en menores de edad, donde el 83% fueron a niñas. ¡El rango de edad en el que más se presentó este delito fue entre los 5 y 9 años! Y en el 39% de los casos el agresor fue un familiar de la víctima.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) manifiesta que en nuestro país cada hora dos niños son víctimas de abuso sexual. Esto sólo tiene en cuenta los casos reportados. “Es uno de los tres delitos que más afectan la niñez colombiana en el marco del conflicto”, añade el informe.
Como si lo anterior no fuera grave, el ICBF dijo en julio pasado que el delito de abuso sexual contra los niños creció en un 15%. ¡Esos son 4 mil 700 niños abusados sexualmente en el período de un año!
Desafortunadamente las cifras que hoy tenemos no son definitivas pues la mayoría de los casos no son denunciados, no solo por la poca confianza e impunidad que impera en nuestra justicia penal, sino porque el abuso sexual todavía es considerado una vergüenza familiar y social. Se estima que el 75% de las víctimas no se atreven a denunciar.
Adicionalmente, el abuso sexual contra menores conduce a otros factores sociales de mucha trascendencia en sus años posteriores. Por un lado, la víctima tiende a sufrir estrés post-traumático, ansiedad, agresividad y otros efectos que afectan e impiden su normal desarrollo como ser humano.
Por ejemplo: la probabilidad de pasar de víctima a victimario es del 30%, es decir, a agresor sexual en su vida adulta.
En el frente de la prostitución no hay mejores noticias. Según la UNICEF, la prostitución infantil crece en Colombia, aún en niños apenas mayores a los 10 años; más de 35.000 niños son víctimas de explotación sexual en Colombia, un negocio muy lucrativo y peligroso; es una puerta que se abre y difícilmente tiene retorno.
Otro factor social también epidémico en Colombia es el de embarazo en adolescentes y más si se encuentra debajo de la línea de pobreza. En el país, el 19.5% del total de embarazos en mujeres se da en menores de 18 años, ocupando el vergonzoso primer lugar en Suramérica. Lo grave es que la joven repite los mismos paradigmas de pobreza de sus madres, abuelas y generaciones anteriores, un ciclo muy difícil de romper y que necesita de toda la atención e intervención. Sobra decir que el embarazo en menores de edad es considerado de alto riesgo y es la primera causa de mortalidad en el mundo en niñas en edades entre los 12 a 18 años. Los efectos sociales son nefastos, incluyendo en las políticas públicas en salud.
Es imposible en mi trabajo ignorar la magnitud de este tema, más cuando frecuentemente nos llegan casos deplorables y aberrantes, en medio de la pobreza, que ya de por sí es un problema. Hace dos semanas conocí a Susi*, una dulce, inocente y hermosa niña de 11 años, con 6 meses de embarazo producto de una violación por parte del ex esposo de su abuela materna, su abuelastro de 55 años. No puedo borrar de mi memoria su historia y su rostro; reflejan el dolor y la crueldad por la que fue sometida.
Es una niña que por nada del mundo debería estar viviendo a su corta edad ser madre y mucho menos enfrentarse a una justicia que no opera eficazmente. A Susi le cambiaron la vida para siempre. Debe enfrentar su embarazo, como también el “señalamiento social”, las graves secuelas de una violación, la pobreza, y, como si fuera poco, la indiferencia de un sistema penal nacional, la justicia, que me temo, jamás le va a llegar.
Susi en algo ha tenido suerte: su madre, una mujer muy valiente.
Ambas interpusieron el denuncio del abuso desde noviembre de 2013 y el caso está en La Fiscalía Octava Seccional de Cartagena, Unidad CAIVAS (Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual). No obstante, como suele suceder, el caso no ha tenido mayor evolución, y lo peor, el victimario tiene una denuncia por el mismo delito desde el año 2002; en el año 2013 fue detenido y duró solo 15 días preso por falta de pruebas, donde la víctima tenía entre 14 y 15 años.
En otras palabras, poco ha pasado, tal cual sucede con miles de denuncias del mismo tipo, mientras que sus abusadores andan por las calles delinquiendo o peor aun, conviviendo con las víctimas. Hay que ver la celeridad con la que se tramitan en Colombia denuncias impuestas por personas de poder, pero en el caso de los niños y mujeres en condiciones de pobreza, víctimas de este flagelo, continúan a la espera de contar con el derecho a un debido proceso y que la justicia obre a su favor.
Todos los colombianos anhelamos vivir en un país pacífico, pero para poder tener una paz verdadera es importante comenzar por el principio: darle efectiva prioridad a nuestros niños. Y dado que la ley es para todos independientemente del nivel social, raza, género y religión, hay que empezar por los más pobres. Debemos repudiar casos como los de Susi y condenar al victimario con todo el peso de la ley, porque es la única manera de ejemplarizar el delito.
No se trata de implementar más leyes para la protección de la infancia y adolescentes en Colombia. Lo que realmente necesitamos es una justicia que actúe con la eficacia y la rapidez necesaria para que nuestros niños víctimas de abusos y violencia no tengan que esperar meses y tal vez años a que la justicia se pronuncie a favor. Colombia debe construir una base sólida para hacer respetar los derechos más básicos, además de exigir medidas efectivas para ponerle un fin definitivo a la impunidad. Si no comenzamos a trabajar en lo realmente importante, seguiremos perpetuando los mismos problemas que no permiten que haya una evolución social equitativa.
*Se cambia el nombre para proteger la identidad de la menor
