Al diseñar la política pública, siempre hay alternativas que deben cotejarse para llegar a la mejor decisión. La relativa a las drogas, además, viene cruzada por compromisos internacionales, visiones encontradas de moral pública y los derechos fundamentales, como lo es el libre desarrollo de la personalidad.
El Gobierno de Iván Duque ha dado a conocer a cuenta gotas los lineamientos de lo que podría derivar en una política pública comprensiva, muy en la línea de la que se ha aplicado durante años en Colombia, sin resultados palpables. Primero anunció que respetaría los acuerdos para sustitución voluntaria de cultivos suscritos por el gobierno Santos, con cobertura de cerca de 50 mil familias campesinas, para regresar por la vía de la erradicación forzosa. Después, se anunció el retorno de la aspersión con glifosato, ya no desde avionetas sino de drones, y, finalmente, con la publicación del proyecto de decreto que reglamenta el Código de Policía, la persecución en el espacio público del porte de drogas o sustancias prohibidas.
El común denominador de los anuncios consiste en privilegiar la represión en cabeza de los más débiles de la cadena: campesinos y consumidores, con grave repercusión sobre la población más vulnerable y menos responsable del tráfico ilícito de estupefacientes. Para nadie es un secreto que la sustitución social de los cultivos es más difícil y toma más tiempo, pero también es la más susceptible de solucionar el problema de raíz, que empieza con una atención integral a los moradores de los campos, olvidados más con ocasión de, que por razón directa del conflicto armado.
Lo propio sucede con la aplicación extensiva del Código de Policía que propone el gobierno. Sin facultades adicionales de decomiso, la Policía hoy tiene las facultades para controlar el consumo en parques, transporte público, coliseos, entornos escolares y universitarios, exigiendo a quién esté abiertamente consumiendo sustancias prohibidas, que las derrame o deposite en la alcantarilla más cercana. Así procedimos desde la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía de Bogotá cuando el consumo de licor en el espacio público era rampante y con muy buen éxito, ayudados por la prohibición del expendio de licor entre las once de la noche y las diez de la mañana y en los entornos universitarios.
Extender la facultad discrecional del agente de Policía a la requisa para verificar si alguien porta la dosis personal abrirá las puertas a la arbitrariedad contra los jóvenes, ya de por sí sujetos a no poco perfilamiento y discriminación por parte de muchos integrantes de la fuerza pública. El inciso del artículo 49 de la Constitución que prohíbe el consumo y porte de estupefacientes, salvo prescripción médica, no puede interpretarse independientemente del resto del artículo sobre el derecho a la salud que contiene los parámetros para el “establecimiento de medidas y tratamientos administrativos con fines preventivos y rehabilitadores de índole pedagógico, profiláctico y terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias, previo el consentimiento informado del adicto,” como bien lo afirma la Corte Constitucional en Sentencia C-575 de 2011. El decreto proyectado reemplaza al médico y por el policía y la prevención pedagógica con decomiso y la estigmatización, lo que lo torna inconstitucional, pero también inconveniente.
Para atacar las ollas y los jíbaros no es procedente colocar a los consumidores en la mira de la represión policial. El problema de fondo está en otra parte. La fuerza pública debería dedicar sus esfuerzos e inteligencia a dar con los proveedores de las ollas y sus expendedores. Son esas organizaciones criminales que abren una olla nueva cada vez que se cierra la anterior las que deben ser reprimidos por las autoridades. Ahí está el gran reto: mano dura con el delito pero mano tendida con la problemática social.
