Ojo a Villarraga en la Comisión

Turismo judicial, carrusel de pensiones judiciales, ausentismo judicial, clientelismo judicial y corrupción judicial son síntomas de descomposición en la rama encargada de investigar y decidir qué es lo justo cuando un particular o un servidor público no se comporta de conformidad con el derecho. La corrupción, así sea entre particulares, siempre es grave; si es en la justicia es más grave; pero si es en la cúpula de la justicia es gravísima porque es el último resorte del Estado para corregir y sancionar las irregularidades y desviaciones. Con ocasión del caso Villarraga se reactivó el interés por la reforma a la justicia. Y surge nuevamente el reflejo simplista de confundir reforma con supresión. En principio algunos proponen la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que es la competente para investigar al Presidente de la República, a los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, y al Fiscal General de la Nación. Es decir, proponen suprimir el órgano que investiga disciplinariamente a los jueces y abogados; y al que investiga penalmente a las cabezas de la justicia y al jefe del Estado. La impunidad, la mora, la congestión y el acceso son problemas de la justicia de cara a los ciudadanos que no fueron abordados en la desprestigiada reforma constitucional que impulsó el gobierno Santos y que expidió el Congreso pero que no entró en vigencia porque el Presidente resolvió no publicarla cuando desde la coalición ciudadana por la justicia propusimos la convocatoria de un referendo derogatorio y destapamos en las redes sociales y los medios de comunicación los escandalosos efectos del Acto Legislativo que no solucionaba aquellos problemas sino que, en realidad, era una reforma política para exhumar privilegios de los Congresistas, sepultar la pérdida de investidura y devolver la condición de inexpugnables, en materia penal, a los parlamentarios a cambio de prorrogarles cuatro años a todos los magistrados que en ese momento ostentaban una toga en el palacio de justicia, de manera que las cúpulas de las tres ramas del poder público serían muy probables simpatizantes de la reelección. El caso Villarraga surge por la intervención del Consejo Superior del Judicatura para decidir si los hechos relacionados con unos detestables falsos positivos deben ser investigados por la jurisdicción ordinaria o por la justicia penal militar. Las elocuentes grabaciones, entregadas por la Fiscalía, revelan diálogos de coordinación de los Villarraga, padre e hijo, con el Coronel implicado. Ahora corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar a Villarraga. El caso y su contexto ponen a prueba la eficacia de la justicia con la justicia. Una veeduría ciudadana al caso Villarraga, incluso después de su licencia o renuncia, está más que justificada porque está amenazada la credibilidad de las cúpulas del Estado y porque si se aborda de manera sistemática puede aportar elementos de juicio para una verdadera reforma a la justicia. Una justicia impune corroe un Estado social de derecho. Ojo a Villarraga en la Comisión.