Otra cuenta de cobro

No  deja de ser tristemente paradójico que “La Preciosa” sea el nombre de la mina en donde encontraron la muerte en días pasados los 21 mineros de Sardinata (Norte de Santander). También lo es que el gobierno nacional, vistas las condiciones en que se adelanta esta actividad, le haya dado a la minería el grado de “locomotora de la prosperidad”. Hasta hace poco la minería legal estaba limitada a la explotación a gran escala de carbón, níquel, esmeralda, oro e insumos para la construcción. Esta actividad ha tenido un incremento significativo en la economía nacional. En el 2009 la inversión extrajera en minería, por ejemplo, fue de 3.094 millones de dólares y en los dos últimos años han llegado al país compañías extranjeras de Canadá, Australia, Estados Unidos, India y China. Se calcula que el “Boom minero” traerá inversiones entre el 2010 y el 2015 cercanas a los 50 mil millones de dólares. Una razón poderosa del proyecto de reforma al régimen de regalías que con tanto entusiasmo el gobierno nacional promueve en el Congreso de la República es precisamente los recursos adicionales que la nación va a recibir por cuenta de la “locomotora minera”. Lo lamentable es que este entusiasmo no se haya expresado en el examen a otras variables y consecuencias asociadas a esta actividad. El Ministro de Minas ha reconocido que Ingeominas solo cuenta con 50 funcionarios encargados de la fiscalización minera y en este momento hay cerca de 10.000 títulos, de los cuales 4.000 se encuentran en explotación, es decir un supervisor por cada 80 títulos. A ello se agrega que el gobierno lanzó en septiembre una ofensiva contra las explotaciones ilegales  que pueden llegar a 6.000, lo que aumenta el déficit institucional para atender solo este frente. Un gran debate se abre paso sobre la seguridad industrial de estas explotaciones, las innovaciones tecnológicas que se requieren, la desvinculación de los niños a estas actividades y en general los derechos de los trabajadores de este sector. Debate que también compromete las grandes ciudades : Bogotá, según datos de la Secretaría de Ambiente, cuenta con 11 industrias mineras legales y 96 sin título minero, ubicadas en su mayoría en el sur de la ciudad afectando los acuíferos y el lecho del rio Tunjuelo. Pero más allá, existe una preocupación que debe ventilarse públicamente y que me gustaría plantear a manera de pregunta ¿no será que estamos en presencia de otra cuenta de cobro que la naturaleza nos hace por los usos depredadores que hacemos de nuestros ecosistemas? Si la minería ha de ser una de nuestras “locomotoras de la prosperidad” habrá que responderse adecuadamente este interrogante lejos de fundamentalismos economicistas y ambientalistas. Porque para algunas voces respetables las huellas ecológicas que deja cualquier explotación minera es imborrable y por ello la acción del Estado para corregirla merece una movilización de recursos humanos, financieros e institucionales de magnitudes importantes. Y eso es lo que no tenemos. La “locomotora minera” necesita urgentemente fortaleza institucional ambiental.