Recientemente leí en El Tiempo un artículo de Luis Alberto Moreno, presidente del BID, en el cual se refería a tres graves shocks que enfrenta Colombia. Debo confesar que me dejó preocupado por la voz de alarma que lanza sobre algunos problemas colombianos del momento, que él considera amenazantes, por lo cual los califica con dicho término. En medicina se considera que una persona está en shock cuando se comprometen seriamente ciertos signos vitales, como sucede con el hipoglicémico o el anafiláctico, por mencionar algunos tipos que amenazan la vida.
Cuando un funcionario internacional, en este caso el presidente del Banco Interamericano, se refiere a problemas del país calificándolos como muy serios, es necesario poner mucho cuidado pues habla un experto, seguramente apoyado por analistas del propio banco, y porque, además, se trata de un ilustre ciudadano colombiano que desde hace décadas viene siguiendo el paso de los problemas nacionales y lo hace con sentido patriótico, aportando en buena medida opiniones que conducen a una solución.
Concretamente, Moreno menciona tres líos tremendos: el crecimiento de los enormes cultivos de coca, las fallas en Hidroituango y el éxodo de venezolanos hacia Colombia; los tres de aparición reciente en los últimos dos años. Estos representan una dosis suficiente para alterar la normalidad de cualquier país y más de uno soporta otros serios problemas, que, aunque más graves, son de carácter histórico-cultural y de vieja data, y como tal necesitan de consideración aparte: me refiero a la violencia, la inseguridad, la inequidad social, la corrupción y la baja productividad de la economía.
Consideremos en primer término la súbita migración de hermanos venezolanos huyendo del terror de la dictadura de Nicolás Maduro. Las cifras no son confiables, pero podrían acercarse a los dos millones de personas en busca de refugio, la mayoría, gente muy pobre, enferma y en condiciones adversas.
Aunque la llegada de refugiados ha ocurrido lentamente —se habla de que ingresan al país unos cinco mil diarios—, y se han podido tomar, por tanto, algunas medidas de emergencia, al final, estas resultan insuficientes y son desbordadas por los hechos. El canciller Carlos Holmes Trujillo habla de varios millones de ciudadanos que cruzan la frontera y ha llegado a calcular que se requerirían varios miles de millones de dólares para paliar el problema.
Ante un desafío tan complejo, se necesita el apoyo de la comunidad internacional, como lo ha venido buscando el Gobierno, con el objeto de construir ciudadelas-albergue, pagar matrículas en establecimientos oficiales, afiliar a madres y niños al régimen subsidiado de salud y apoyar a los refugiados con alimentación. El presidente del BID habla de 1.600 millones de dólares para atender a dos millones de venezolanos; esta puede ser la cuota inicial, dependiendo de las características de la población migrante y de si su destino final es Colombia, si proyectan continuar el viaje a otros países, o si piensan regresar una vez haya caído el régimen.
Hidroituango parecería haber sido un accidente natural con consecuencias serias para EPM, y para Medellín y Antioquia, en donde, por fortuna, no tuvo lugar una tragedia humana en la población cercana a la represa, aguas abajo. El presidente del BID plantea el caso como un problema de repercusión nacional por el gran efecto sobre la economía relacionado con el suministro de energía de los próximos tres años, ya que la capacidad generadora del país está funcionando al máximo y se contaba con la producción de la presa en muy corto tiempo. Ahora, si bien la casa de máquinas no resultó afectada, EPM tendrá que esperar algunos años antes de reconstruir completamente el sistema operativo. Otro efecto no mencionado tiene que ver con esta empresa, que ha tenido que salir a vender algunas de sus propiedades más valiosas fuera del país con el fin de financiar las pérdidas ocasionadas por la creciente del río Cauca, que sobrepasan varios billones de pesos.
El tercer gran lío es, según Moreno, el crecimiento desbordado de los cultivos de coca, que pueden alcanzar hoy más de 200.000 hectáreas. Su erradicación no será tarea fácil ni barata porque estos están localizados en áreas de conflicto militar y social, donde se presenta resistencia por parte de organizaciones terroristas, grupos delincuenciales cercanos y la misma población campesina que ve afectados sus intereses. Además, erradicar significa aportar enormes sumas de dinero, ya sea para la fumigación con drones, la sustitución voluntaria o la eliminación manual de las plantas, y, adicionalmente, supone organizar programas que generen trabajo futuro para las comunidades.
En palabras del dirigente internacional este panorama es preocupante, puesto que ocurre dentro de un contexto de endeudamiento externo e interno muy alto, en medio de presiones fiscales de todo tipo (posconflicto, elevado gasto pensional, educación superior, salud y otros), con una alta evasión tributaria y con un crecimiento económico bajo que afecta el equilibrio fiscal, haciendo difícil alcanzar la meta de un déficit fiscal estructural del 1 %, lo que obliga a buscar un escenario de ajuste que disminuya la deuda pública con el propósito de cumplir la regla fiscal.
Todas las economías se ven expuestas a riesgos sobrevinientes, pero nuestro caso es más complicado por las circunstancias anotadas por el jefe del BID y por los graves problemas de fondo y de largo plazo adyacentes, lo cual hace la tarea del Gobierno ardua. “Tras de cotudo, con paperas” decían antes: el refrán se aplica perfectamente a nuestra situación.
