El Alcalde Petro quiere ser innovador. Y está bien que quiera dejar su huella. Lo malo es que quiere cambiar todo. No le gusta “construir sobre lo construido”, como lo hicieron Mockus, Peñalosa y Lucho. Y debe tener cuidado, porque excederse en su afán reformador lo conduce a equivocaciones garrafales. Hasta terminar descubriendo el agua tibia.
Le puede pasar con un programa que ha sido exitoso. Que ha contribuido a mejorar sustancialmente las condiciones nutricionales de cientos de miles de niños y jóvenes de los estratos populares de la ciudad. Es reconocida la mejora en talla y peso de los niños y jóvenes que en los colegios públicos de Bogotá han recibido diariamente los refrigerios escolares y las comidas calientes. Esta política nutricional es uno de nuestros orgullos. A través de licitaciones públicas, como lo ordena la ley, el Distrito ha incorporado estrictas condiciones higiénico-sanitarias, técnicas y financieras para seleccionar los operadores del programa. Y una vigilancia rigurosa de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y la Universidad Nacional que ha oficiado como interventora.
El Alcalde teme que los refrigerios sigan en manos de contratistas vinculados a hechos de corrupción. Y no le falta razón. Pero a cambio de endurecer las condiciones de la licitación para evitar que se colaran los corruptos, escogió un camino culebrero y legalmente excepcional. El 30 de marzo anuló la licitación abierta para proveer los refrigerios diarios a 477.000 estudiantes por un valor cercano a los 90.000 millones de pesos. Y el 10 de abril anunció la adquisición de estos refrigerios a través del mercado de compras públicas “Bolsa Mercantil de Colombia” (BMC).
Ha dicho el Alcalde que nos ahorraremos 500.000 millones de pesos en estos cuatro años. Y con ello reconoce que en la subasta vía Bolsa Mercantil el factor determinante es el PRECIO de los productos. Pero cobrar políticamente este ahorro no le alcanza para imaginar que se puede afectar la calidad de los productos ofrecidos. Olvida también que la verificación de las condiciones ofrecidas por el ganador se hace posteriores a la subasta. No existe, por ejemplo, el concepto previo de la Secretaría de Salud sobre calidad y pertinencia del proveedor que se expresa en el certificado higiénico sanitario. Y no se ha dado cuenta que pone en riesgo la provisión de los alimentos. Alcalde, le cuento que el ICBF tuvo dificultades para la adquisición de los alimentos. Que los proveedores de leche, por ejemplo, acordaran no ofertar por considerar bajo el precio de la Bolsa. El resultado fue que 736.000 niños y 220.000 abuelos quedaron sin comida por varias semanas.
Tengo dudas de la cifra que el Alcalde exhibe como ahorro. Eso debe valer el programa. Y la lucha contra lo corrupción no puede desembocar en la improvisación. Y menos si se trata de la nutrición de nuestros niños y jóvenes. Un peso ahorrado no justifica poner en riesgo la alimentación de nuestros estudiantes más pobres. Piénselo Alcalde, hágalo por la Bogotá Humana.
