Pobreza: avances no dejan de reproducirla

Entre lo que nos quedan debiendo siempre que reportan avances en pobreza y empleo, está el sinceramiento oficial sobre la sostenibilidad de esos índices. En el caso de la pobreza, las últimas mediciones publicadas por el gobierno hablan de una disminución del 37.2 por ciento (junio de 2010) al 29.3 por ciento (junio de 2014). En el caso de la pobreza extrema, del 12.3 por ciento registrado en junio de 2010, se bajó a 8.4 por ciento en junio de 2014. Una economía que se sostiene fundamentalmente en la especulación financiera, la extracción de materias primas, y la prestación de servicios, no permite que quienes por virtud de las mediciones de los gobiernos, enmarcadas en las directrices de los organismos internacionales que avalan tal modelo económico, dejen de ser pobres realmente. Eso todos lo sabemos pero aceptamos valorar el problema a partir de la abstracción de la realidad que hacen los índices. Discusión que no se ha dado como corresponde y que se les ha permitido ganar fácilmente a los tecnócratas. Pero el punto está en que tales actividades económicas no redistribuyen la riqueza que producen. Al no redistribuir, a la gran mayoría de individuos que quedan por fuera de esa repartición y que se clasifican como pobres o pobres extremos, sólo les deja la salida de la asistencia social. Uno de los problemas de esa asistencia, denominada técnicamente como focalización, es que el volumen de recursos del que dispone, llega a esa población pobre como ayudas, que por más condicionadas que sean, no habilitan al beneficiario para generar su autonomía de supervivencia, ni mucho menos como ciudadano con derechos. Por el contrario, su diseño ata al individuo a su condición de pobre. Este por no exponerse a perder la dádiva no abandona su estatus de pobreza. El estímulo lo obliga a no salirse. La discusión tendría que darse sobre el modelo asistencialista y su efectividad real frente a la pobreza, y sobre el grado de vulnerabilidad de los individuos que salen de esta condición en virtud del registro de los índices. Pero resulta claro que en estos dos aspectos no se agota el espectro de la problemática. Cuando el crecimiento económico se soporta en la extracción de minerales (cuyos precios internacionales ya empezaron a ir a la baja), y en la actividad especulativa no productiva del capital (que suele caracterizarse por entrar o salir según donde pueda ser más rentable), sus bases no pueden asumirse como sólidas. Al contrario; tal crecimiento se vuelve igual de volátil, pues proviene de actividades muy expuestas a situaciones de coyuntura. En consecuencia, cuando las fuentes de los recursos para atender la pobreza son esas actividades cuya prosperidad es coyuntural, los avances presentados como grandes logros se vuelven insostenibles. Lo que implica que se está en mora de dar la discusión pública correspondiente y por los canales debidos; es decir, los democráticos. Pero esa discusión no la va a dar el gobierno, tan obsecuente en obedecer la cartilla que para los manejos socioeconómicos dictan los organismos promotores de esta forma de organización económica. Los mismos que asumen la pobreza como un fenómeno aparte de la concentración de la riqueza y del ingreso. Los mismos que, en consecuencia, sólo promueven atenciones paliativas que no tocan las causas estructurales del problema, como son las que aquí aplicamos. En el prefacio de uno de sus libros Ulrich Beck cita la frase que se leía en la pancarta que portaba un participante en alguna protesta pública. El texto decía: “Aquellos a los que hemos elegido no tienen poder y a los que tienen poder no los hemos elegido”. Esa es una de las razones del desprestigio de la democracia. Lo que en los últimos tiempos se viene denunciando en distintas latitudes como la crisis de la representación ¿Será que nuestros parlamentarios identifican en la necesidad de hacer el debate sincero sobre la pobreza una oportunidad para reivindicar su papel dentro de la democracia? Ah, de paso ayudarían a salvarla: no deben olvidar que, en el caso colombiano, cerca del 60 por ciento de los habilitados para votar no lo hace.