El presidente Duque ha insistido en la necesidad de adelantar un referendo, simultáneo con las elecciones locales, para que los colombianos decidan sobre la creación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Un problema que nos avergüenza como sociedad pues, según Medicina Legal, en Colombia son abusados alrededor de 68 niños cada día, y en la mayoría de los casos el victimario es un familiar. De hacerse el referendo, el Gobierno debería consultar al pueblo sí está de acuerdo con prohibir la dosis personal de droga. Una pregunta pertinente y oportuna, en un referendo que busca modificaciones a la Constitución para proteger, de manera más eficaz, los derechos de los niños.
El decreto emitido por el Gobierno Nacional, en desarrollo del Acto Legislativo 02 de 2009 y del Código Nacional de Policía, que ratifica las facultades que tienen las autoridades para incautar cualquier dosis de droga, ha generado gran polémica. Sus opositores alegan que es una medida que viola derechos fundamentales, como el libre desarrollo de la personalidad. Pero basta con ver a los adictos que vivían en las calles del intervenido “Bronx” para confirmar lo contrario. La adicción a las drogas aleja a las personas de su proyecto de vida, es incompatible con el desarrollo de la vida familiar y laboral, pues los adictos son esclavos a una sustancia que los despoja de su capacidad de decidir y, por ende, de su libertad.
Por otra parte, los defensores de la medida, creemos que es una herramienta útil para combatir el microtráfico. Los jíbaros encontraban en la dosis personal la excusa perfecta para evadir el control de las autoridades, haciéndose pasar por consumidores. Situación que se empeoró desde que la Corte Suprema de Justicia relativizó la dosis personal, creando el concepto de “dosis de aprovisionamiento”, que no es nada distinto a una dosis personal cuya cantidad depende de la necesidad de cada consumidor, y para varios días.
Prohibir la dosis personal no implica penalizar al consumidor, lo que sería un retroceso, simplemente permite incautar la droga e imponer sanciones administrativas encaminadas a persuadir al consumidor recreativo antes de que se convierta en adicto. Consumir droga no es un derecho, en todo caso, el que lo quiera hacer en su vida privada no será penalizado, pero debe saber que la satisfacción de su adicción, mientras la droga sea ilegal, alimenta una cadena criminal que viola derechos fundamentales de miles de personas inocentes.
Sin duda, incautar la droga no es la solución definitiva al problema, pero si es un paso en la dirección correcta. Se necesita la construcción de una política integral en la lucha contra la producción, el tráfico y el consumo de drogas. Por mi parte, insistiré en la presentación de la ley que crea las salas de Consumo Controlado, para tratar las adicciones y los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas ilícitas. Al adicto hay que tratarlo como a un enfermo, no como a un criminal.
