Punto ciego en La Habana

El receso en las conversaciones de La Habana es crítico. Sin duda, es sintomático del diferendo que suscitó el delicado tema de las Zonas de Reserva Campesina. Las posiciones irreconciliables entre las partes y la ausencia de mecanismos para dirimir el conflicto –consecuencia de haber elevado a las Farc al mismo nivel del Gobierno, como alta parte contratante– pueden conducir a un punto muerto. Desbloquear la mesa escapa al control del Presidente y convierte el próximo encuentro en una prueba ácida para el futuro de la salida negociada. El resultado dependerá de qué tan limpio esté jugando la guerrilla y, fundamentalmente, de su codicia sobre las ZRC que, sin llamarnos a engaños, hoy son tierra de nadie y fortines inexpugnables de las Farc. Las ZRC son el “tótem” de las ambiciones del grupo narcoterrorista. Por ellas fueron a Cuba. Ceder a sus descabelladas propuestas es como admitir que, en adelante, sean las Farc las que marquen, unilateralmente, el ritmo en las mesas de negociación. Pero, pese a la manipulación mediática de las Farc, a los aspavientos de sus defensores de oficio y a las presiones que supone el oportunismo de la movilización del Marcha Patriótica, nadie con tres dedos de frente puede desconocer la dramática realidad de las actuales ZRC. Territorios sin Dios y sin Ley, donde echó raíces el crimen y las vías de hecho convirtieron a los grupos armados ilegales en amos y señores, a la sombra del abandono del Estado.  Inadmisibles “autonomías profanas”, republiquetas que incubaron los malsanos propósitos independentistas y de autogobierno de los farianos, que literalmente le torcieron el rumbo a la Ley 160, para conculcar los derechos fundamentales, civiles, sociales, económicos y políticos de los campesinos y sembrar una larga estela de cultivos ilícitos, minas antipersonales, fosas comunes, desplazados y despojo de tierras. Un statu quo que ahora buscan elevar a rango constitucional –mediante un marco legal, lo más parecido posible a esa perturbadora realidad– para mantener y profundizar el control territorial y el dominio de bases sociales, constreñidas a punta de plomo, terror y pobreza.  La película, al menos en este tema, la tiene clara el Gobierno. Crearlas sin la garantía de la presencia de las instituciones cívicas, militares y judiciales, fue el caldo de cultivo de lo que hoy son las ZRC. A eso hay que ponerle fin. Con lo cual,  nada hace pensar que el Gobierno dará su brazo a torcer ante la desmedida pretensión de autonomía, autogobierno, autogestión y autodeterminación que persiguen las Farc. Pero, incluso en el hipotético escenario de ceder a la conformación de las 11 nuevas ZRC, la clara advertencia es que lamentablemente terminarán por el mismo rumbo de las otras 6. A fin de cuentas las Farc saben que en más de 200 años de vida republicana, el Estado ha sido un fantasma en muchas zonas de la geografía nacional.  La alternativa, la única posible, capaz de corregir el rumbo errático de estos territorios, está por fuera de las mesas de negociación. Sin margen político en este diálogo de sordos, el “as” está en sostener los bastiones de un Estado de Derecho legítimo y eficiente. No sólo para mantener la correlación de fuerzas a favor de su aparato armado y hacer posible la prevalencia de la Ley –en los mismos términos en que se aplica para el resto de los nacionales– sino, fundamentalmente, para garantizar la presencia institucional de ese Estado en todo el país rural, en igualdad de derechos para todo el campesinado y no sólo para quienes habitan las ZRC.  El acceso a los bienes públicos básicos, éstos sí con rango constitucional, debe ser una realidad en el campo. Tanto como el crédito en condiciones blandas, la infraestructura productiva de riego y drenaje, las vías y los mercados, las condiciones macroeconómicas sanas y una inversión, púbica y privada prolífica, estos sí inalienables e inembargables y sin sacrificar la soberanía nacional.