Que la violencia no vuelva al Valle

9 de diciembre del 2013

“Según los gremios cada año se pagan más de 2 billones de pesos en vacunas”.

La ola de extorsiones que se vienen denunciando en ciudades como Barranquilla, Cartagena y Sincelejo, ahora se trasladaron a Valledupar. Si el Gobierno Nacional no le pone un “tatequieto” inmediato a este delito, se podría repetir la historia de 13 años atrás.

La denuncia hecha esta semana por el cantante vallenato, Silvestre Dangond, es una más de las 2.316 que se han instaurado este año en la zona. Lo que se estima es que el número de extorsiones (sobre todo contra los ciudadanos de a pie), sobrepasa los reportes oficiales de las autoridades y según cálculos de los gremios, cada año se pagan más de 2 billones de pesos en vacunas. Lo grave para este país es que el monto anterior no incluye las extorsiones de los funcionarios públicos a los contratistas del Estado, las de algunos congresistas al Gobierno Nacional y las payolas que algunos directores de radio cobran a los artistas. Vivimos en un país de extorsionistas.

Es de la mayor gravedad el asunto, pero no podemos quedarnos cruzados de brazos y mucho menos tomar el mal ejemplo del alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, quien en una actitud sospechosa -por decir lo menos- dijo a los medios de comunicación que tenía información de que esos hechos eran consecuencia del pago atrasado de un sueldo. Lo sucedido en las propiedades de Silvestre Dangond es un hecho criminal que no es justificable de manera alguna y mucho menos con acusaciones falsas. El gato cuidando a los ratones.

El trámite del proyecto de ley que el Ministerio de Defensa estructuró para aumentar de 16 a 32 años de cárcel las penas para la extorsión, sigue a paso de tortuga. Es innegable que el ministro Juan Carlos Pinzón ha hecho un gran esfuerzo en este sentido, pero una golondrina no hace verano. Primero, porque como todos bien sabemos, los congresistas no se van a enterrar ellos mismos el cuchillo y segundo, porque nuestro sistema judicial y carcelario está agónico. La desconfianza de las víctimas hacia la administración de justicia es de tal magnitud, que la mayoría de las veces prefieren guardar silencio, dadas los privilegios con las que cuentan los delincuentes y el poco tiempo que toman en volver a extorsionar luego de las pesquisas penales.

En este país lo que hace falta son políticas públicas que brinden igualdad de oportunidades para que la población pueda ejercer sus derechos fundamentales y asegurar su prosperidad. Lo que el expresidente Álvaro Uribe llama “cohesión social”. Estas actividades criminales de robo de ganado y extorsión a comerciantes, moto taxistas y vendedores ambulantes (comercio informal) se dan por falta de oportunidades de un empleo productivo que permita a estos delincuentes tener una vida digna. Las brechas socio-económicas en Colombia son muy grandes y es por ahí por donde debemos comenzar a buscar la solución a estos problemas de inseguridad.

Es inaudito que llevemos siete años sin una política efectiva de ocupación productiva para las 32.000 personas desmovilizadas del proceso de paz con los paramilitares y los 9.000 desmovilizados de grupos guerrilleros. ¿Como no se le ocurrió a los ex ministros Juan Camilo Restrepo y German Vargas Lleras, entregarles un predio baldío y una vivienda gratis a estos desmovilizados? ¿Porqué el señor Bruce McMaster que manejó un presupuesto de mas de 5 billones de pesos, no implementó un programa de ocupación productiva para estas personas? ¿En que se han gastado los miles de millones de pesos la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración?

Señor Presidente, Señores Magistrados de la Corte Constitucional y señor Procurador Alejandro Ordóñez, es hora que tomen cartas en el asunto. Como dijo el poeta y compositor vallenato Gustavo Gutiérrez Cabello. “No queremos que violencia vuelva al Valle”.

@indadangond

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