¿Qué sucede en la fiscalía?

Los órganos que integran la estructura del Estado tienen el deber constitucional de colaborar armónicamente para la realización de sus fines. Recientes episodios protagonizados por la Fiscalía General de la Nación ponen en entredicho esa colaboración. Veamos:

El pasado 11 de septiembre más de 40 personas del CTI de la Fiscalía se hicieron presentes en las instalaciones de la Contraloría General de la República. Motivos aducidos: realizar una inspección para verificar si esa entidad disponía de equipos para interceptar comunicaciones y realizar un comparativo entre lo que figura en las Actas de Entrega de la nueva sede arrendada por la Contraloría, con lo que efectivamente se entregó por la firma arrendadora. El país no había sido testigo de un operativo de esta naturaleza contra una institución estatal de tan alto rango, precisamente la que vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Fue un espectáculo más propio de un circo romano y extraño si se tiene en cuenta que los resultados de las indagaciones preliminares adelantadas por la Contraloría tienen valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez competente. La Constitución Política de Colombia obliga a la Fiscalía a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento, “>siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo.” La Fiscalía informó que el operativo fue consecuencia de denuncias formuladas por los periodistas Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco, quienes pidieron investigar el presunto delito de interceptación ilícita de comunicaciones, del que dijeron haber sido víctimas. Parecería que la Fiscalía consideró que dichas denuncias eran motivo suficiente para inferir que la Contralora -Sandra Morelli- había incurrido en delito. Ha trascendido que el interrogatorio a los indiciados de la Contraloría está en muy buena medida centrado en asuntos relacionados con Saludcoop y que solo unas muy pocas preguntas se relacionan con las supuestas interceptaciones. Si ello es así, no hay más remedio que preguntarse si fueron otros los motivos del operativo. Francamente, la actuación de la Fiscalía dejó mucho que desear. Existían, sin duda, otras maneras de hacer las averiguaciones pertinentes, si es que realmente se pensaba que era necesario hacerlas. Con las actuaciones de la Contraloría se podrá estar o no de acuerdo, pero lo que no puede ponerse en duda es la integridad demostrada de Sandra Morelli, su coraje y su sentido de la ética. Hubiera bastado un acercamiento del Fiscal a la Contralora para preguntar o comentar sobre las denuncias, pero la realización de un operativo como el que se hizo estaba claramente fuera de lugar. Es a los delincuentes a quienes deben hacerse semejantes operativos y son muchos los casos en que no se han hecho, habiendo debido hacerse. Basta mencionar el caso de Interbolsa. No tenemos conocimiento de que la Fiscalía haya hecho operativos en las residencias de Juan Carlos Ortiz, Víctor Maldonado, Rodrigo Jaramillo, Tomás Jaramillo y demás directivos de Interbolsa, quienes a tantas personas defraudaron y en cuyos computadores y residencias seguramente era mucho lo que podía encontrarse. Hacerlos ahora es seguramente tardío. Tampoco sabemos de operativos en sedes de directivos de Saludcoop, a pesar de que la Contraloría formuló denuncias ante la Fiscalía y otros entes, que en el caso de la Procuraduría se tradujeron en decisiones sancionatorias. No es esa la manera como un alto dignatario del Estado debe tratar a otro alto dignatario. El respeto y la dignidad de las instituciones no puede dejarse de lado. La Contralora merece respeto, además de una disculpa. La Fiscalía no encontró equipos ni elementos aptos para interceptar comunicaciones, según consta en actas. Si el Fiscal se disculpó con Sigifredo López, debe hacerlo también con Sandra Morelli. Ya en el pasado el Fiscal había dado muestras de un trato descomedido a otro alto dignatario. El país recuerda, con estupor, cómo con ocasión del foro sobre el Marco Jurídico para la Paz llevado a cabo en la Universidad Externado de Colombia, el Fiscal acusó al Jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, de “tener un concepto de justicia penal del siglo 18” y, luego, de estar dos mil años atrás. En lugar de exponer argumentos, el Fiscal planteó un debate de menor altura y en un terreno personal, no propio de un foro académico. Recuérdense también sus prematuras declaraciones sobre ciertos temas ventilados en La Habana, que no contribuían a fortalecer la posición negociadora del Gobierno. Mal ejemplo se ofrece al país. Mientras, el país está en espera de los resultados de la acción de la Fiscalía en los casos de Interbolsa, Colmenares, las chuzadas a Magistrados y tantos otros. La paciencia se acaba.