El ciudadano debe pagar impuestos. Son un instrumento para financiar los servicios comunes y promover la equidad. Pero el tributo tiene que reflejarse en la calidad de vida del ciudadano.
Al ciudadano le golpea muy duro el bolsillo la presión fiscal. Los precios controlados por el Estado (servicios públicos, gasolina, peajes, impuestos, contribuciones etc.) aumentan bien por encima del promedio de los costos de alimentación, educación, ropa o entretenimiento. Como los costos del Estado no se pueden evitar, al ciudadano le toca sacrificar su nivel de vida para sostener la burocracia.
Subir en promedio el impuesto predial (+ 8,8%) el doble de lo que sube la inflación (4.1 por ciento en 2017) es un abuso. Hacerlo todos los años como es costumbre en Bogotá es inaceptable. El tema de fondo es la calidad de vida que el Estado provee al ciudadano. En Bogotá vamos en retroceso desde hace quince años así los indicadores muestren que la capital es donde hay menos pobreza y atraso en el país. Yo nací en Bogotá y he vivido la mayor parte de mi vida en esta ciudad que conozco bien y que quiero mucho. Llevo años viéndola retroceder, sin inversión pública significativa, sin metro, más contaminada, paralizada, sucia y sin posibilidades de mejorar en el corto y mediano plazo.
Vender una propiedad o alquilarla en Bogotá es cada día más difícil. Desplazarse es casi imposible. La inseguridad regresó con fuerza, la corrupción sigue rampante, las calles con huecos, los semáforos sin sincronización, la basura amontonada, la informalidad en cada esquina y los impuestos…subiendo.
Bogotá pierde todos los días competitividad y por ello la abandonan las empresas que se mueven a lugares más atractivos. Basta darse una vuelta por la antigua zona industrial de Las Américas para ver una zona en total decadencia. Pero también está sucediendo con sus ciudadanos. Las ciudades intermedias cercanas como Pereira, Armenia, Bucaramanga o Ibagué empiezan a llenarse de bogotanos aburridos por la mala calidad de vida y los altos impuestos.
Hay que reconocerle a este gobierno distrital que está haciendo un esfuerzo por bajar el avalúo de las propiedades para reconocer la pérdida de valor y el empobrecimiento de los patrimonios de los bogotanos. Miles tienen la esperanza de que un día Petro les expropie sus viviendas y se las pague al precio del avalúo público.
