Quien persigue a quien…

Publicado por: admin el Mar, 05/11/2013 - 15:01
Share
Se han oído toda clase de adjetivos, algunos tan agresivos como irrespetuosos, hacía el Procurador General, Alejandro Ordoñez. La mayoría de ellos, expr
Quien persigue a quien…

Se han oído toda clase de adjetivos, algunos tan agresivos como irrespetuosos, hacía el Procurador General, Alejandro Ordoñez. La mayoría de ellos, expresados por un minoritario grupo de periodistas y de activistas, resultan verdaderamente injustos. Defender el derecho a nacer y el matrimonio entre un hombre y una mujer, no pude considerarse como una actitud reprochable sino merecedora del respaldo mayoritario de la sociedad.

El hecho de que nuestra Constitución Política reconozca el libre ejercicio de la personalidad, no autoriza a las minorías para imponerle a la sociedad toda su forma particular de pensar y de actuar. Por eso, la defensa que hace el Procurador de la vida de seres indefensos, libres de toda culpabilidad por las circunstancias en las que fueron engendrados, y de la condición natural de mujer y de hombre, deberá seguirse librando con determinación y firmeza. En los últimos tiempos viene haciendo carrera, entre algunos pocos, afortunadamente, autodenominados ¨evolucionados¨ o ¨modernistas¨, que lo natural es malo per se. Sin embargo, aún cuando llegáramos a decir que del amanecer surge la oscuridad, y que del anochecer surge la luz, la realidad resultará inmodificable. Es más fácil pretender acabar la pobreza y la injusticia por decreto. La Corte Constitucional tiene la palabra, pero lejos está de hallar su derecho de querer que nueve individuos sustituyan a más de cuarenta millones de colombianos en un asunto de semejante monta. A partir de esta lucha jurídica que ha emprendido el Ministerio Público de frente y ante las autoridades judiciales pertinentes -se gane o se pierda- no puede aprovecharse para deslegitimar al Procurador General en todo lo que haga. Pues ahora, cuando éste desarrolla el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, por cuenta de esa injusta persecución mediática de la que es víctima se le acusa tanto de abusador y retrógrado, como de enemigo de la paz. Uno de esos casos que refleja tal persecución mediática, es la investigación adelantada en contra del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, con ocasión del ¨basurazo¨ por él mismo y su incompetente equipo organizado en diciembre pasado y que se halla ad portas de definirse en primera instancia en la Procuraduría General de la Nación. El alcalde dice que resulta un exabrupto su inminente sanción por haber librado a los bogotanos del ¨cartel¨ de los operadores privados de la prestación del servicio de aseo y que el momento de crisis vivido en diciembre pasado fue generado por aquellos, quienes ¨secuestraron¨los vehículos compactadores de propiedad del Distrito Capital. También, dicen algunos defensores del alcalde, que una eventual sanción es un mensaje inoportuno y equivocado para los negociadores de las FARC en La Habana. Incluso, en la última semana, el alcalde mismo llegó a manifestar (aún cuando salga luego a decir que no dijo lo que dijo) que de darse esa sanción la sociedad estaría frente a un nuevo ¨19 de abril¨. Las palabras hablan por si solas y vienen del alcalde de la Ciudad Capital. La equivocación del alcalde mayor y su equipo en lo que se refiere al servicio de aseo no fue minúscula, como los contradictores del Procurador y amigos de Petro quieren hacerlo ver. No solo se trató de un gravísimo problema de improvisación y profunda incompetencia, sino que al mejor estilo de los dictadores más aguerridos, pasó por encima de la Constitución y de la ley, sin prestar la menor atención a las múltiples y autorizadas voces de advertencias oportunas que vaticinaban lo que efectivamente pasó. Ahora, el alcalde trata de justificarse exponiendo tantas versiones como contradictorias se le ocurren. Olvida el alcalde varias cosas que saltan a la vista. La primera de ellas, que de quienes dice habernos librado -los operadores privados- no solo no han sido judicializados por el  supuesto “secuestro” de los vehículos compactadores que el alcalde denuncia en sus defensas ante los organismos de control que lo investigan, sino que fueron beneficiados por él mismo con nuevos y jugosos contratos casi por tiempo indefinido. Pasa por alto también el alcalde Petro, que precisamente su entonces secretario de salud y hoy secretario de gobierno advirtió públicamente sobre las jugadas por debajo de la mesa que un ex-gerente de la EAAB, amigo del alcalde, al parecer había efectuado a favor de los operadores privados. Hasta ahora no se conoce pronunciamiento público del mandatario distrital al respecto y menos que Guillermo Alfonso Jaramillo se haya retractado. Por el contrario, la administración de Petro y los operadores privados de siempre, siguen adelante como dueños -ilegales- del mercado de aseo en Bogotá. También olvida el alcalde mayor que la EAAB le pagó un multimillonario contrato a su amigo y ex-compañero del M-19, a quien le encargaran organizar todo para el denominado "Día D de Petro" y que resultará un público desastre. La concejal María Victoria Vargas lo ha venido denunciado desde entonces. La Procuraduría General de la Nación aún cuando se quedó corta en la formulación de cargos, deberá imponer una sanción ejemplarizante al alcalde Petro y a su equipo. Por mucho menos, otros servidores públicos del mas alto nivel han sido suspendidos preventivamente y destituidos posteriormente por el Ministerio Público. No hay razones jurídicas de peso para no aplicarle la ley al alcalde Petro. No puede servir de justificación para exonerar semejante y mayúscula falta disciplinaria del alcalde mayor, lo que piensen los narco-terroristas de las FARC en La Habana, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia o donde quiera que se escondan; quienes, dicho sea de paso, no han dado un solo gesto cierto de querer la paz. Otro caso de una minoría que quiere imponerle a la mayoría su particular forma de pensar y de actuar. El verdadero y oportuno mensaje que debe importar al Ministerio Público es el que debe ofrecer con claridad y legalidad a la gran mayoría de la sociedad colombiana. Grave sería que este mensaje fuera plagado de impunidad como han dejado advertir que le gusta a los voceros del grupo narco-terrorista, hoy supuestamente negociando en La Habana. @RFelipeHerrera