¿Quién presta a los pobres?

Según una encuesta realizada por el DANE, en Colombia podría haber alrededor de 8.4 millones de posibles solicitantes de microcrédito. Es decir, personas autoempleadas y que por no contar con garantías reales, se ven en la necesidad de financiar sus pequeños negocios a través de agiotistas que cobran comisiones exorbitantes. Otro estudio afirma que el 80% de esas personas no solicitan préstamos pequeños porque la banca tradicional les restringe los créditos debido a que no cuentan con activos que los respalden, y a que la información de sus proyectos de negocio es deficiente. Estas dificultades para acceder a microcréditos (constituido por la Ley 550 de 2000), ha obligado a miles de personas a acudir a prestamistas inescrupulosos (pagadiarios o gota-gota) que les cobran tasas de interés superior al 90% mensual. Por un préstamo de 100 mil pesos a 30 días, deben pagar 3 mil pesos diarios. Esta situación condujo a que el gobierno anterior, apoyado por el Partido Conservador, implementara en el 2006 el programa de la Banca de las Oportunidades en conjunto con Bancoldex, con el fin de fomentar el microcrédito en las poblaciones rurales del país. Esto se haría a través de entidades financieras y los corresponsales no bancarios. El esfuerzo dio como resultado el desembolso de 7.5 millones de operaciones de microcréditos que han beneficiado a más de 2 millones de familias que accedían por primera vez a un crédito institucional. A enero de 2013, el total de las colocaciones (según datos de la Superfinanciera), alcanzaba los 7 billones de pesos. Aunque se han obtenido importantes avances, la cobertura sigue siendo mínima. A enero de 2013 - acorde con datos oficiales - el microcrédito tenía una participación de tan solo el 2.89%, en relación con la composición de la cartera de crédito nacional. Esta colocación de recursos ha estado concentrada en los Bancos Agrario, Bancamía, Precredit y el Banco de la Mujer. La poca participación de los intermediarios financieros en el programa motivó a que el Senador Efraín Cepeda radicara esta semana ante el Congreso de la República un importante proyecto de ley que contempla estas tres premisas: 1. Imponer a los intermediarios financieros la obligación de destinar el 5% del total de sus colocaciones para préstamos de microcréditos. 2. Remplazar la garantía hipotecaria por un plan de negocios presentado por el cliente y 3. Comprometer al  Gobierno a estimular el acceso al microcrédito en el sector rural con un esquema similar al del Grameen Bank de Muhammad Yunus (Premio Nobel de la Paz) Para poder adelantar esta iniciativa, es procedente que la banca ofrezca préstamos compatibles en plazos y montos con el flujo de caja de las microempresas, haciendo que se conviertan en créditos rotativos y desembolsos inmediatos, en solicitudes de créditos simples con requisitos mínimos, tiempos cortos de estudios de aprobación y desembolso y disminución de costos administrativos. Lo anterior, sin modificar los esquemas de supervisión y riesgo consignados en las propuestas de Basilea respecto a las entidades que ofrecen microcréditos. Es evidente que de aprobarse la iniciativa, mejoraría la posibilidad de ingresos de cientos de familias de bajos recursos, desaparecerían los pagadiarios y se fortalecería el comercio formal. La necesidad es imperante, sólo falta la voluntad de quienes pueden prestar los recursos.   P/D: Disculpas a mis lectores y al Ministro de Agricultura Francisco Estupiñan, por el error en la sumatoria de los créditos de fomento en mi columna de la semana pasada. Efectivamente el Ministro dio la cifra correcta de 17 billones de pesos, de los cuales el 60% lo han colocado la banca privada y el 40% restante, el Banco Agrario.