Es indudable que la consulta anticorrupción -desde la recolección de firmas, aprobación en el Congreso y su final con la sorprendente participación de casi 12 millones de colombianos que acudieron a las urnas- permitió visibilizar el grave problema que nos afecta desde hace décadas y que tiene su principal explicación en la cultura mafiosa que nos ha dejado fenómenos como el narcotráfico, la parapolítica, el cartel de la contratación, el cartel de la toga, y Odebrecht entre otras.
Para hacerle frente a esta problemática, en este periodo de sesiones del congreso, el gobierno presentó dos proyectos en concordancia con el clamor popular; la reforma a la justicia y una reforma política, que atacará la corrupción tan aguda que afronta el país y amenaza nuestras instituciones. Ante este escenario, se debe ser enfático en afirmar, que varios de los temas allí propuestos son de vital importancia, pues se refieren a elementos del sistema electoral que han propiciado los costos desenfrenados para elegir un congresista, asambleísta, concejal e inclusive ediles.
Un tema prioritario para esta reforma política - acorde con el espíritu del proyecto- tiene que ver con la financiación de las campañas, quizá una de las mayores fuentes de corrupción, en relación directa con los procesos de contratación y la influencia de la burocracia que se encuentra en manos de los políticos de turno.
En este proceso, los congresistas y corporados, tienen que usar distintas estrategias con los funcionarios del Estado, a fin de lograr cumplir sus compromisos con los financiadores de sus campañas o hacer uso de los conocidos cupos indicativos que se remiten a las regiones, en los cuales pueden tener alguna ascendencia. Para evitar esto, el proyecto busca que la mayor financiación provenga del mismo Estado.
Así mismo, un ítem importante del proyecto a destacar; es la eliminación del voto preferente, pues esta figura ha traído costos desproporcionados a las campañas para cuerpos colegiados, generando una dura competencia no solo con los otros partidos o movimientos, sino al interior de su propia coalición con sus compañeros de lista, que terminan convirtiéndose en los principales enemigos de los elegidos, y que a través de terceros, se dedican a mancillar la actuación de quienes ostentan una credencial, a partir de demandas y denuncias.
Otra consecuencia del voto preferente, es la desproporcionada inversión en publicidad, que además de los altos costos, genera contaminación visual en las ciudades, en donde se concentran los mayores censos y fácilmente es posible encontrar propaganda de hasta diez candidatos en una sola cuadra.
Es innegable que la razón de ser del voto preferente, era la justicia democrática, sin embargo, este terminó por conducir a la creación de las empresas electorales, pues la realidad es que las campañas y todo el proceso electoral para un candidato al Congreso o Corporaciones públicas, se convirtió en una verdadera empresa, con todas sus estrategias de mercadeo, publicidad, etcétera, esto sin incluir, el día de elecciones, con las prácticas censurables e ilegales conocidas, y que dificultan el debate de las ideas.
Otro tema de gran trascendencia, es la obligación de los partidos de presentar listas paritarias de hombres y mujeres, en una época en la que la participación femenina en la vida política, empresarial y profesional se ha vuelto exigencia, con ventajas ampliamente demostradas. Sin embargo, es necesario complementar la propuesta, en el sentido de que deberán estar en posiciones alternadas dentro de las listas, de lo contrario, podría ser un saludo a la bandera, con resultados sin valor.
Con solo tres decisiones de fondo que el Congreso debería aprobar, comenzaría a sanearse el sistema político colombiano; eliminación del voto preferente, financiación exclusivamente estatal de las campañas políticas por un par de períodos electorales, listas paritarias de hombres y mujeres y agregaría la unificación de periodos electorales, sea cual sea el procedimiento, con el propósito de evitar el desgaste administrativo y financiero del Estado y de los Partidos, de estar en campañas cada dos años, que son perjudiciales ante los preceptos sociales del país y los gastos en que incurren las autoridades electorales.
No puedo dejar de mencionar, la importancia de avanzar en el proceso de modernización de los partidos, ante los nuevos escenarios que se presentan, la participación y democratización de las decisiones, así como la elección de sus dignidades y conformación de listas, deben ser prioridad en una nueva legislación.
Por ahora no se necesita más, es nuestro deber tener la capacidad de construir país en torno a una democracia transparente y en condiciones de equidad para todos. Colombia y sus instituciones democráticas han avanzado en el fortalecimiento del sistema político, al aceptar y acoger un proceso de desmovilización, como un principio importante para evitar la imposición de votos por la vía armada, independiente del bando del grupo ilegal. Ahora tenemos un nuevo desafío, y es acabar con la relación existente entre corrupción, política y elecciones.
