“Se tiene que ir de esta región o la asesino. Usted sabe que nosotros acá asesinamos al que nos dé la gana.” Así amenazó un Carlos Mario a la profesora Deyanira Ballestas del municipio de San Pablo. Entre el primero de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018 fueron asesinados 311 líderes sociales, entre dos y tres semanales.
Paradójicamente, cuando celebrábamos las elecciones más pacíficas de la historia, arreciaron los crímenes. A partir del sábado siguiente a la segunda vuelta presidencial, arrancó una nueva dinámica que cobró la vida de nueve líderes más. En sólo una semana la cuota de sangre de un mes. Son cifras aterradoras y siguen creciendo ante la impotencia de las autoridades. Está regresando el terrorismo paramilitar de fines del siglo pasado, con el mismo ingrediente de intolerancia política que pensábamos superada. Ahora los muertos, las amenazas y el terror están dirigidos a la Colombia Humana y a quienes apoyaron la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia.
Presenciamos una repetición de la matanza de líderes sociales y políticos de las décadas de los ochenta y noventa que desembocó en el genocidio de la Unión Patriótica, el asesinato de cinco mil sindicalistas, un número indeterminado de dirigentes y defensores de derechos humanos y el mortal atentado contra cuatro candidatos presidenciales en la sola campaña de 1990: Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán.
En ese entonces, como ahora, los homicidios empezaron graneados. Cada semana llegaban noticias fragmentarias de los territorios. Un estudio de memoria histórica que comisionamos al periodista Roberto Romero desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá, incluye la lista parcial de homicidios y desapariciones de miembros y simpatizantes de la UP entre 1984 y 1997.
Son 81 largas y dolorosas páginas con los nombres, fechas, municipios, actividad y presuntos responsables materiales de cada víctima. El año 1985 ocupa ocho páginas con 183 registros. Ya para 1988 se duplica el número a quince páginas y al doble de registros. Para allá vamos si no se frena la fatídica dinámica que se está desarrollando en estos precisos momentos.
Son muchas las acciones que deben desplegar los distintos actores, según sus competencias. El Gobierno saliente y el entrante deben exigir resultados a la Fuerza Pública en materia de desmantelamiento de las llamadas organizaciones herederas de los paramilitares, el Clan del Golfo, las bandas criminales y demás grupos armados ilegales, así como de sus redes de apoyo en la institucionalidad, que está contaminada por elementos que deben ser identificados y judicializados sin contemplaciones, estén donde estén y sean recomendados de quién sean recomendados.
La Fiscalía General de la Nación, que ha venido generando resultados, debe intensificar la identificación y judicialización de los autores de los asesinatos. Ya ha implementado un procedimiento que elimina la consabida excusa del lío de faldas, del robo o la venganza con que se suele mimetizar el verdadero carácter el hecho, al exigir que se actúe en cada caso con la hipótesis de que el líder asesinado lo ha sido por su condición.
Ahora debe contemplar un paso más complejo: la declaratoria de la sistematicidad de los asesinatos contra líderes y activistas cometidos en una misma región para que hagan parte de un mega-proceso que permita compartir pruebas y demás elementos de la investigación.
La sociedad civil debe prender la solidaridad a grado extremo. Muy estimulante la movilización social en simultáneo en varias ciudades del país y del exterior en el Velatón del 6 de julio, que debe proyectarse para que no se apague la llama de la indignación, ni vuelva la indiferencia del holocausto anterior. ¡NUNCA MAS! debe ser la consigna: freno al pretendido regreso del terrorismo paramilitar.
