Sedientos de decisiones democráticas

No es saludable pasar por encima de lecciones trascendentes que dejan hechos como la elección de Petro, las marchas estudiantiles contra la reforma a la educación superior y el abatimiento del jefe de las Farc. En el ruidaje de los medios de comunicación sobre semejantes acontecimientos no se identifica, por lo menos de manera sistemática, la necesidad de democratización que en cada uno sale a flote. Veamos: El triunfo de Petro en la competencia por la Alcaldía de Bogotá, así nos cueste trabajo verlo, es atribuible a la sintonía entre su apuesta por el concepto contemporáneo de democracia, basado en el respeto a los derechos de los individuos y la necesidad de democratización de las decisiones gubernamentales, que cada día la comunidad reclama como imprescindible para garantizar esos derechos y salir adelante como sociedad. Aquí y en otras latitudes de la tierra los tiempos obligan a abandonar las concepciones de izquierda o de derecha para acertar en el ataque a la problemática socioeconómica. Lo que se impone es la participación para que nadie le dé en la cabeza a nadie. Eso lo entendió el nuevo alcalde y ahí radica su evolución política. Las marchas estudiantiles, con sus particulares formas de marcar distancia frente a la violencia, y más allá de sus aterrizados argumentos para demostrar la insolvencia del proyecto de reforma de la educación superior presentado por el gobierno para garantizar su financiamiento, cobertura y calidad, lo que reclaman es la falta de democracia en la concepción del articulado y en la decisión de la orientación que se le quiere dar a la educación universitaria. Así el gobierno argumente que previo al debate en el Congreso realizó un buen número de audiencias públicas en las que participaron diversos actores, la realidad es que, como suele suceder, esa participación no pasa de ser una formalidad en la que no intervienen debidamente todos los actores y en la que propuestas, por más convenientes y razonables que sean, no son acogidas. Es por eso que a los estudiantes, ni gobierno ni Congreso les ofrecen esas garantías democráticas que demanda la discusión de un tema tan importante para el futuro del país. La moraleja para el gobierno y la sociedad en general radica en que en otras temáticas en las que se legisla y se toman decisiones de gobierno y en las cuales intereses particulares se imponen sobre el interés general, las aprobaciones se dan con más facilidad, porque no les aparecen grupos contradictores masivos y organizados de presión, como los estudiantes universitarios, que le salieron a la reforma de su sector. ¿Se imaginan problemas como los de salud, ambiente y minería, y todos los atinentes a la orientación económica del país, puestos a decisión bajo procesos de democratización como el solicitado, qué resultados arrojarían? Esa participación democrática real es la que se está exigiendo y es la que le puede evitar problemas más graves a la sociedad. Cuando la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) pide que sea a través de un debate franco, abierto, incluyente, participativo y decisorio, donde sea el pueblo colombiano el que decida qué modelo de educación necesita para resolver sus problemáticas, está dando testimonio de esa necesidad de democratización que presentan muchos frentes de la vida nacional. En un espectro más llamativo aparece la muerte de alias ‘Alfonso Cano’, por acción de las fuerzas militares colombianas. Al fragor de la guerra, indudablemente el hecho es de especial relevancia para el gobierno y la comunidad en general. Asumiendo que la tendencia de debilitamiento de las Farc sea imparable (independientemente de sus acciones reactivas previsibles para demostrar que aún son fuertes), y que, más temprano que tarde ese factor las lleve a firmar la paz, no se debe caer en el error de atribuirle a ese hipotético acuerdo la desaparición automática de las ‘causas estructurales’ que un día ya lejano las inspiró para dar la lucha armada por los menos favorecidos (cosa que como todos sabemos quedó atrás para mutar en una engañosa industria criminal que les deparó que no representen a nadie, más que a sus propios y oscuros intereses, y no sean queridos por nadie). Reducir el ámbito de la paz a un acuerdo, voluntario o por sometimiento, con lo que quede de esta mal llamada guerrilla no puede ser menos que un grave error de concepción del problema. Para blindar al país de que mañana surjan otros señores que, reincidiendo en armas, Dios no lo quiera, pretendan luchar contra la inequidad, la desigualdad y la pobreza, que de manera insoslayable y peligrosa padece un alto porcentaje de colombianos, hay que atacar a fondo esta problemática. Pero ese ataque a fondo no se logrará mientras los líderes de la economía, públicos y privados, sigan asumiendo estos problemas al margen del cuestionamiento a nuestro impuesto modelo económico globalizado que, al generar riqueza y bienestar exclusivos para los dueños del gran capital, margina a la mayoría y la sume cada vez más en sus calamidades. Para esa paz verdadera y teniendo el valor de pararnos frente a la onda económica que, poniendo el afán de lucro y el negocio por encima del valor del ser humano y de los intereses auténticos del país, invadió todo, se hace necesaria la adopción de un proceso de decisión democrática que permita escoger el modelo de economía que más le sirve a toda la sociedad, pues el vigente, al probar que solo beneficia a unos pocos, eterniza las causas objetivas que no permiten el logro de esa anhelada paz.