Sin legalización no habrá paz

El mayor revés que ha sufrido el gobierno actual, en relación con el mayor fiasco de su período anterior, se puede resumir al parafrasear a Oscar Wilde: “perder 70.000 kilómetros cuadrados de mar puede ser visto como un infortunio; perder a un general parece falta de cuidado”.

Pero aunque el inexplicable descuido del General Alzate y de las Fuerzas Armadas en los eventos que condujeron al extraño secuestro de la semana pasada han dado mucho de qué hablar, el tema que verdaderamente merece atención son las razones por las cuales existen “zonas rojas” bajo control absoluto de las Farc a muy poca distancia de la capital de un departamento. Al indagar es evidente que los guerrilleros pueden deambular como señores feudales por inmensas zonas del Chocó gracias a las condiciones que ha creado el mismo Estado que, en el momento en que escribo esta columna, despliega a más de mil hombres en busca del general aprehendido. Como reporta El Tiempo, el frente 34 de las Farc, el cual retiene al General Alzate, es uno de los frentes guerrilleros “más comprometidos con el narcotráfico” ya que controla importantísimas rutas de exportación de cocaína “hacia la frontera con Panamá”. El analista John Marulanda agrega que el 60% de la cocaína producida en el país se exporta por los corredores del Pacífico. Así que el frente de las Farc que ha logrado poner en riesgo al proceso de paz le debe su fuerza a la decisión estatal de prohibir la producción de la cocaína, un producto que, aunque consumido vorazmente alrededor del mundo, sólo se fabrica en dos países aparte de Colombia. Desafortunadamente para el gobierno colombiano, la ley no puede ignorar a los mercados, y el resultado de prohibir productos con una astronómica demanda global es que son las mafias criminales quienes se apropian de las colosales ganancias del negocio y se fortalecen con ellas. Tal fue el caso en Estados Unidos durante la era de la prohibición del alcohol entre 1920 y 1933, y lo mismo aplica a Colombia en el siglo XXI. Lo absurdo de la política actual es que el gobierno, aunque logre desmovilizar a cada integrante de las Farc- un escenario utópico bajo cualquier punto de vista- perpetuará la causa principal del conflicto durante las últimas tres décadas al mantener la prohibición de la droga. En Chocó, por ejemplo, las Farc no dominan solas el narcotráfico sino que actúan, como anuncia El Tiempo, “en alianza con la banda criminal de 'los Úsuga'”. Esta es una de las muchas organizaciones delictivas que prosperan con el comercio de las drogas ilícitas, y que seguirán haciéndolo sea cual sea el resultado de los diálogos en La Habana. De hecho lo más probable es que tales bandas intenten llenar el vacío de poder que dejaría una retirada total o- lo que es más probable- parcial de las Farc del narcotráfico. En ese caso se podría dar una lucha por el control de las zonas estratégicas de producción y de los corredores de exportación aún más violenta que la que hemos presenciado durante los últimos años. Más preocupantes aún son los indicios de que los atroces carteles mexicanos, antiguamente aliados con bandas criminales colombianas, están entrando al país- y en especial a la zona del Pacífico- para controlar directamente el negocio de la coca en todas sus fases sin tener que contar con intermediarios. En septiembre las autoridades le atribuyeron cuatro asesinatos en Buenaventura al Cartel de Sinaloa; si este importa el modus operandi que ha utlizado en México, ejecutará muchos más baños de sangre de este tipo. En la cháchara de la clase política y de la academia colombiana, “el posconflicto” es una edad de oro que llegará una vez las Farc y el ELN dejen las armas. En realidad, si se mantiene la prohibición de la droga, la paz con estos grupos será una victoria pírrica más para el Estado. La guerra contra las drogas simplemente entraría a su próxima fase, con nuevos actores, pero bajo la misma dinámica que conocemos desde que Pablo Escóbar y sus semejantes hicieron de nuestras ciudades inmensas zonas de combate. Pero tal futuro sombrío no es inevitable. Al legalizar la producción, comercialización y el consumo de la cocaína, el Estado les arrebataría a sanguinarios delincuentes su principal fuente de financiación y pasaría el negocio a manos de empresas legítimas y reguladas como las del alcohol y el tabaco. A diferencia de las mafias, tales compañías legales contribuirían significantemente al fisco, lo cual permitiría financiar programas de prevención del consumo y rehabilitación de drogadictos. Algo positivo para la causa de la libertad es que el Senador Roy Barreras se pronunció hace poco a favor de legalizar completamente la cocaína y la marihuana, declarando que “el Congreso debe liberar a Colombia de la maldición del narcotráfico”. Si tal especialista en la superviviencia política de repente apoya la legalización, el fin de la prohibición debe estar más cerca de lo que muchos suponen. @DanielRaisbeck