Nada es más frustrante que leer las noticias sobre los escándalos que se presentan en nuestra sociedad. A pesar de la mediocridad de nuestro periodismo investigativo, algunos hechos salen a la luz y se logra incluso identificar quiénes son los autores de los hechos cuestionados. La prensa y la opinión en las redes se ocupan del tema. Y luego se anuncia, con bombos y platillos, que “la justicia asumirá la investigación correspondiente.”
Hasta ahí llegan las cosas. Porque la justicia en nuestro país no asume nada. Es un sumidero donde desaparecen los temas de corrupción. En ocasiones es por pura indolencia y mediocridad de sus funcionarios incapaces de recabar las pruebas, hacer interrogatorios profundos o seguir las pistas. En otros se trata de desviaciones convenientes pues quienes son vinculados figuran en los círculos del poder. Y están los casos donde basta con untar la consciencia de un fiscal o un juez para que el asunto duerma el sueño de los justos hasta que sea archivado por vencimiento del término o ausencia de pruebas.
Raros son los casos en los cuales los culpables terminan asumiendo sus responsabilidades. Tal vez el de Samuel Moreno sea una excepción importante. Nada más decepcionante que el mal llamado “principio de oportunidad” en el cual la Fiscalía y los hábiles abogados de los corruptos negocian una rebaja de penas a cambio de colaboración con la justicia.
Por lo general la colaboración se limita a insinuar cuáles son los cómplices y las modalidades delictivas sin que ello permita despejar los conciertos para delinquir. Con ello poco y nada pueden avanzar las investigaciones. El acusado recibe en contraprestación una sentencia simbólica que puede cumplir en condiciones cómodas para luego salir a disfrutar, sin temor ni vergüenza, los frutos de su delito. Hay delincuentes que han robado miles de millones de pesos, que purgan pocos meses de cárcel para luego beneficiarse de la impunidad reinante en esta sociedad.
Odebrecht, Reficar, el Hacker, el robo de Córdoba, el Sena, el ICBF, la Ruta del Sol, el censo son sólo algunos ejemplos de denuncias públicas recientes que traumatizan a la opinión por la gravedad de los hechos. Algunas capturas, algunos titulares y luego una justicia simbólica que ratifica que en Colombia ser pillo paga.
Hay que repetirlo hasta el cansancio. Sin justicia efectiva no habrá paz ni progreso.
