Una reforma electoral urgente

En el pasado reciente fue la parapolitica. Esa macabra mezcla de narcotráfico, paramilitarismo y estructuras políticas tradicionales. Simbiosis para nada espontánea. Fundada más bien en una alianza criminal entre mafiosos, paras y caciques políticos. Pacto que alcanzó a conquistar a punta de plata y plomo, por lo menos y para vergüenza de nuestra democracia, el 30% del Parlamento. Este fenómeno fue suficientemente documentado por investigaciones como la adelantada por la Corporación Nuevo Arcoiris. Pero cuando todos creíamos superada o restringida a su mínima expresión la presencia de la ilegalidad en nuestra competencia electoral, vuelve y " salta la liebre". Ahora el rasgo más visible de esta nueva torcida a la democracia es el derroche descarado de millones y millones de pesos en las campañas de Senado y Cámaras de Representantes. En la mayoría de las  ocasiones esos ríos de dineros están asociados a la captura de los gobiernos locales y de la contratación pública o, lo más grave, a grupos armados ilegales, principalmente tipo BACRIM.O todas las anteriores.  Algunos medios de prensa mencionan con insistencia el papel de la banda de alias "Marquitos" en casos como La Guajira, para sólo mencionar un ejemplo. Pero se podría hacer un mapa, región por región, que fácilmente identificaría las campañas que exhiben a diestra y siniestra dinero y poder para doblegar líderes y ciudadanos. Me dirán que este es un problema crónico y estructural. Y tienen razón. Las gruesas sumas de dinero que inundan las economías locales y regionales por estos días de proselitismo son la expresión de un recurrente fenómeno de ilegalidad en la política. Los topes establecidos por las autoridades electorales no dejan de ser un mal chiste frente a la perversa realidad del mercado electoral. Anécdotas hay por montones de cómo se negocian líderes, ediles, concejales y diputados en este mercado. Lo que se revela como una verdad de a puño es que las reformas políticas que instituyeron las listas únicas por partido, el umbral y la cifra repartidora han resultado insuficientes. Como insuficientes resultan las actuaciones de la justicia, las autoridades o los órganos de control. O la emergencia de una cada vez mayor opinión pública politizada y libre. Se necesita una nueva reforma. Se ha dicho que La Paz que está por firmarse requiere de un nuevo marco jurídico que incorpore las modificaciones necesarias para facilitar el tránsito de las guerrillas a la lucha política legal. Que urge un estatuto de la oposición. Que es perentorio establecer circunscripciones especiales de paz. Pero hay un asunto que es más sencillo y a la vez definitivo: una reforma electoral que elimine el voto preferente, instituya como obligación la lista cerrada y establezca la financiación total de las campañas por parte del Estado. Las listas cerradas y únicas por Partido le cerrarían el paso a la proliferación de candidatos que con tulas de dinero compran avales y respaldos dentro y fuera de sus partidos. Permitiría a las autoridades electorales un mayor control de los gastos de las campañas. Y obligaría a democratizar los partidos que tendrían que encontrar mecanismos equilibrados para confeccionar sus listas. Elevaría además la responsabilidad de los movimientos políticos frente a sus electores. La financiación estatal, por su parte, disminuiría las asimetrías en las contiendas electorales y evitaría la penetración de dineros ilegales. Y con ello le haríamos una enorme contribución a La Paz que está por venir. @ANTONIOSANGUINO